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Con fecha 15 de septiembre, el Concejo Deliberante de Cañuelas le envió al juez Martín Miguel Rizzo una nota con una serie de preguntas sobre los arrestos domiciliarios concedidos en los últimos meses en el distrito. Lo insólito es que ese pedido se aprobó en mayo, pero por cuestiones burocráticas o administrativas, jamás llegó a manos del magistrado.
El pedido de informes -que ya estaba juntando polvo en el fondo de un cajón- cobró actualidad la semana pasada, cuando se supo que uno de los detenidos por el crimen de Mirta Barcia había sido beneficiado con el polémico régimen de arrestos domiciliaros en tiempos de pandemia.
La noticia generó una ola de indignación en la comunidad y a la vez surgió el interrogante sobre la respuesta que había dado el juez a aquel pedido de informes. Fue entonces cuando los concejales de la oposición se enteraron de que la nota jamás había llegado al Juzgado. Al parecer un empleado legislativo llevó el papel a la sede judicial de calle Moreno 655 pero estaba cerrado. A nadie se le ocurrió probar otro día, llamar por teléfono o enviar la nota por mail, ya que el Juzgado sigue trabajando con relativa normalidad a pesar de las lógicas restricciones.
Curiosamente, el pedido de informes sí le llegó al secretario Legal y Técnico del Municipio, Sebastián Demicheli, que no tiene arte ni parte en la cuestión. El 21 de mayo contestó, como era de esperar, que el Ejecutivo no tiene injerencia en cuestiones penales y que el pedido de informes tenía que ser girado a la Justicia.
Pero ¿cómo se gestó ese pedido de informes? El 1 de mayo InfoCañuelas reveló que el Juzgado de Garantías 8 de Cañuelas les había concedido la prisión domiciliaria a unos 15 presos de Cañuelas en el marco de la morigeración que impulsaba la justicia bonaerense con el pretexto del hacinamiento en cárceles y comisarías y el riesgo de contraer coronavirus. Asimismo, había otros cinco casos en estudio.
La polémica por las prisiones domiciliarias estaba en plena efervescencia y en las principales ciudades del país se producían cacerolazos contra la medida auspiciada por encumbrados funcionarios.
Cuatro días después de la publicación de este portal, el Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes dirigido a Rizzo. Se le preguntaba el número de solicitudes de arresto domiciliario presentadas por la Defensoría Oficial de Cañuelas y abogados particulares, el número de beneficios concedidos, identidad y domicilio de los beneficiados y detalles sobre el monitoreo ejercido sobre los mismos.
El debate generó alguna tensión en el recinto, sobre todo cuando el concejal Leonel Fangio dudó de la conveniencia de pedir el nombre de los presos que estaban en sus casas. “Eso sería avasallar derechos civiles”, se atajó. “Mejor pensemos en los derechos de las víctimas”, le contestó Claudia Pelereteguy. Finalmente ese punto también quedó incorporado en el articulado general.
El 8 de septiembre, tras la muerte violenta de la empleada municipal Mirta Barcia a manos de dos delincuentes que le robaron el celular, se supo que uno de los detenidos por el hecho, Juan Pedro Corvalán, estaba gozando del beneficio de la prisión domiciliaria concedida por Rizzo el 27 de abril. Corvalán no podía salir de su casa, pero nadie se ocupó de controlar ese detalle.
Ahora, con cuatro meses de demora, se espera que el juez Rizzo responda la tardía nota legislativa. No tiene obligación de hacerlo ya que el Concejo Deliberante no es un órgano que tenga facultades de contralor judicial, pero en aras de la buena relación institucional y en un momento de mucha sensibilidad ciudadana, tal vez acceda a contestar.
Saber los nombres y domicilios de los reos que deberían estar “guardados” en sus hogares contribuiría, indudablemente, a ejercer un control social del cumplimiento de las prisiones domiciliarias. Si la justicia no controla, alguien tiene que hacerlo.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
