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Usurpación en San Esteban: críticas a la fiscal Pippo

Los propietarios y una abogada reclamaron el urgente desalojo y cuestionaron a la funcionaria por no recibirlos. Adelantaron que podrían denunciarla en la Fiscalía General por no tomar medidas contra los intrusos.

 Los usurpadores deliberan.

La abogada Laura Amarilla y Cecilia Gomes -hija de uno de los dueños del predio de San Esteban usurpado desde el sábado- cuestionaron a la fiscal Norma Pippo por no haber dispuesto la inmediata restitución del inmueble a los legítimos propietarios.

“En el día de hoy quisimos reunirnos con la fiscal para que nos informe las medidas que ha tomado. Nos atendieron de muy mala manera en Mesa de Entradas y la fiscal no nos quiso recibir. Ella es funcionaria pública, debería representar los intereses de vecinos y damnificados, que vienen desde San Antonio de Padua y Morón, y no se tomó ni cinco minutos para atenderlos. Tampoco nos recibió un escrito en el que pedimos una consigna policial y el GAD para evitar que siga la toma de terrenos”, describió Amarilla, quien es habitante de la zona y podría asumir el patrocinio legal de los propietarios.

“Es factible que se la denuncie a la fiscal porque no está cumpliendo con sus funciones como corresponde. Desde el sábado, cuando recepcionó la denuncia, lo único que hizo fue darle pase a la Asesoría de Menores. Sin embargo, el Código Penal la habilita a solicitar el desalojo de manera inmediata. Lo podría haber hecho el mismo sábado”, añadió Amarilla.

En el día de ayer, en declaraciones a InfoCañuelas, Pippo informó que debido a la gran cantidad de niños que se sumaron a la intrusión, estaba obligada a comunicar el caso a la Justicia de Menores, antes de solicitar el eventual desalojo.

“La fiscal manifiesta que hay chicos, pero no fue al lugar para verificarlo. La realidad es que no hay chicos. Los usurpadores dicen que hay chicos para retrasar las medidas judiciales. Son todos adultos, la mayoría de González Catán, que actúan de manera organizada”, replicó Amarilla.

Tras el fallido intento de reunirse con Pippo, la letrada y un representante de los propietarios se dirigieron al Juzgado de Garantías 8. “El juez Martín Rizzo sí nos atendió y nos recibió el escrito en el que solicitamos el inmediato desalojo. Nos informó que la causa nunca llegó a sus manos porque la fiscal no se la derivó. Nos dijo que ni bien la Dra. Pippo se la remita, va a resolver”.

Amarilla agregó que hay pruebas más que suficientes para dictar la inmediata restitución. “Se han metido en un predio que tiene dueños y que está con los impuestos al día. Entre los autos de los usurpadores hay algunos que tienen pedido de captura. También hay una publicación de Facebook en la que están vendiendo los terrenos. La fiscal debería investigar quién hizo esa publicación y pedir una orden de allanamiento. Pero nos encontramos con una fiscal que no actúa. Si continúa así no nos va a quedar otra que denunciarla en la Fiscalía de Cámara por los malos tratos y por no cumplir con su función”.


La superficie usurpada, de 23 hectáreas, fue un horno de ladrillos que operó hasta 2009. En varias oportunidades los propietarios colaboraron donando ladrillos para la construcción de escuelas y para el Hospital Marzetti.

“Los dueños son inmigrantes portugueses, gente de trabajo, que siempre tuvo sus impuestos al día y que nunca se imaginó pasar por esta situación. El sábado se hizo la denuncia pero no se tomó ninguna medida. No podemos creer lo que está pasando”, expresó Cecilia Gomes, hija de unos propietarios.