Usuarios viales intiman a Katopodis a suspender de inmediato el cobro de peaje en la Ruta 6

A pocos días de haberse puesto en marcha el cobro de peaje en la Ruta Provincial N° 6, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) elevó una intimación formal ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, conducido por Gabriel Katopodis. La presentación exige frenar de manera inmediata el cobro en todo el corredor.

El reclamo, firmado por el director ejecutivo de la entidad, Jorge Zatloukal, y la abogada Julieta Ripoli, solicita la suspensión de las Resoluciones 475 y 767. Estas normativas avalaron una recomposición adicional del 23,81% y un mecanismo de indexación trimestral automática en las estaciones de San Vicente, Las Heras y Cardales, las dos primeras operativas desde el 1 de octubre.

Desde la organización recordaron que la medida avanza en contra de la propia justicia bonaerense. Zatloukal remarcó la vigencia de una resolución dictada por el juez Luis Arias en 2017, la cual ordena a la empresa estatal AUBASA abstenerse de cobrar tarifas en la Ruta 6 hasta tanto no exista una habilitación expresa de la Legislatura y se realice la correspondiente audiencia pública previa.

“El Estado provincial está de los dos lados del mostrador: concede la explotación, aprueba las tarifas y a la vez controla a AUBASA, que es la empresa beneficiaria”, señalaron desde el plano legal, advirtiendo sobre la falta de un ente regulador independiente.

En un duro comunicado previo emitido a comienzos de este mes, la CONADUV ya había salido al cruce por los aumentos de entre el 9% y el 23% autorizados por el gobernador Axel Kicillof para la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Sistema Vial del Atlántico (Rutas 2 y 11).

En aquella oportunidad, la entidad calificó las subas de “ilegales, abusivas e inapropiadas”, graficando el impacto local con números contundentes: un camión de más de 6 ejes que transita de manera frecuente por la Ruta 6 enfrentará un costo anualizado superior a los 10 millones de pesos únicamente en concepto de peajes.

Para la CONADUV, estos valores configuran un “impuesto al tránsito” y una “triple imposición tributaria” debido a la falta de caminos alternativos libres de pago.

Por último, el coordinador de la entidad, Ricardo Lasca, concluyó manifestando su expectativa de que las autoridades provinciales hagan lugar al reclamo administrativo para evitar tener que judicializar nuevamente el conflicto en un escenario económico sumamente complejo.

Escrito por: Redacción InfoCañuelas