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En la extensa sesión legislativa del jueves 5 -que se prolongó hasta la madrugada del viernes 6- los cuatro bloques opositores presentaron un pedido de informes conjunto relacionado con el proceso de deforestación iniciado en la ex estancia San Martín, adquirida por las empresas Eidico y South Patagonian para crear barrios de lujo.
En rigor los pedidos de informes fueron dos: uno dirigido al Ejecutivo Municipal y otro a la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, habida cuenta que el casco de la estancia fue declarado Monumento Histórico Nacional por ser cuna de la industria lechera nacional.
El oficialismo -que salió en defensa de las empresas a cargo del proyecto- rechazó la aprobación inmediata del pedido de informes y, haciendo uso de su mayoría, envió los pedidos a comisión, donde se espera recibir al Arq. Carlos Moreno, que se encuentra a cargo de la restauración del Galpón 8 -esa es su expertise- pero no de la cuestión ambiental, que es lo que se encuentra en discusión.
Como se ha venido informando, los desarrolladores ya realizaron una corte total de árboles (incluida la extracción de raíces) en parte del casco y en una parcela lindera. En una segunda etapa se piensa avanzar con el Monte de la Virgen, ese denso pulmón verde ubicado entre la estancia y el pueblo.
De acuerdo a los datos volcados por los propios desarrolladores en el master plan, habrá un “desmonte completo, incluidas raíces” en 32 hectáreas del casco y un “desmonte selectivo” en 5,5 hectáreas. A eso se sumará en una segunda etapa un desmonte de las 30 hectáreas del Monte de la Virgen, es decir que en total se verán afectadas casi 70 hectáreas.
La respuesta de los empresarios ante los reclamos de la población de Casares fue que se trata de una “limpieza selectiva” con el propósito de extraer “especies invasivas” como ligustros, moras y acacias, que en el caso del Monte de la Virgen, conforman casi la totalidad del arbolado.
Durante el debate, la concejal del bloque bullrichista, Natalia Blasco, planteó que la deforestación implica una afectación del patrimonio histórico pero también un impacto ambiental por lo que reclamó que el Ejecutivo -que firmó un convenio con las empresas inversoras- debería informar cuál es el plan de reforestación previsto para mitigar el retiro de árboles en esas 70 hectáreas.
Desde la bancada de la UCR Leonardo Iturmendi, en tanto, pidió que el proyecto tuviera tratamiento urgente sabiendo que el pase a comisión implicará “dormirlo” por tiempo indeterminado.
El oficialista Juan Ángel Cruz, en línea con los argumentos esgrimidos por las empresas, sostuvo que se están retirando árboles invasivos que “asfixian” a las especies originales y luego lanzó una ironía acerca de la falta de interés de los casarenses respecto al estado de abandono en el que se encontraba la estancia San Martín: “Había un estado total de abandono, ahí no hubo manifestaciones”.
Los proyectos, que ahora quedaron en la Comisión de Medio Ambiente, donde serán “pulidos”, piden que el Ejecutivo informe si existe estudio de impacto ambiental y otros detalles técnicos, mientras que el dirigido a la Comisión de Monumentos interroga si ese organismo tiene conocimiento del plan de deforestación y si existe algún dictamen o recomendación respecto a las tareas iniciadas.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
