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Crecen las dudas en el Sargento Cabral: Personas Jurídicas la declaró “inactiva” en 2019

Un funcionario del organismo provincial respondió un pedido de informes de concejales.

Un funcionario del organismo provincial respondió un pedido de informes de concejales.

Crecen las dudas en el Sargento Cabral: Personas Jurídicas la declaró “inactiva” en 2019

 La obra clausurada el 11 de febrero.

“La Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) no tiene acceso a la información solicitada sobre la Sociedad de Fomento Noroeste Sargento Cabral puesto que la entidad no ha presentado documentación post-asamblearia desde la fecha de constitución (año 2007). Por esa misma razón, también ha sido incluida dentro del Registro de Entidades Inactivas de esta Dirección Provincial (Disposición 4/2019)”.

De esta manera el director de Fiscalizaciones, Prevención de Lavado de Activos y Conflictos Societarios de la DPPJ, Dr. Nicolás A. Berstein, respondió un pedido de informes elevado 12 de febrero por el bloque de concejales de Juntos por el Cambio.

A raíz de lo revelado por InfoCañuelas acerca de la venta de un lote realizada en 2020 sin el conocimiento de vecinos y socios vitalicios, los concejales Claudia Pelereteguy, Patricia Rolandelli, Ignacio Duhalde, Martín Augusto, Eduardo Recalt y Carlos Álvarez requirieron a la DPPJ la situación de la Sociedad de Fomento Sargento Cabral ante el organismo, memoria y balances de los últimos cinco años, actas de asambleas realizadas en igual período, estatuto y actas de asambleas constitutivas.

El 17 de febrero Berstein respondió a través de un correo electrónico que no era posible brindar esos datos porque la entidad había sido dada de baja en 2019.

Esta información coincide con lo informado a InfoCañuelas por un funcionario provincial de manera extraoficial: que la entidad jamás había presentado balances desde su constitución y que sólo intentó hacerlo en 2015, pero que fue rechazado porque estaba incompleto.

LA VÍA JUDICIAL

Ante la respuesta oficial de Berstein, crecen los interrogantes: ¿cómo una institución que nunca presentó balances en más de una década pudo desprenderse de un lote? ¿Qué destino tuvieron los 6.5 millones de pesos que, según lo declarado por el presidente Ricardo Da Fonseca, la institución recibió por el terreno? ¿De qué manera una asamblea no declarada en el organismo provincial de contralor pudo establecer un importe de venta que ronda el 50 % del valor de mercado? ¿Cuánto dinero ingresó durante los años en que se hicieron eventos lucrativos (bailes) en la institución y qué destino se le dio a esos fondos?

El presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Carlos Álvarez, dijo a InfoCañuelas que su bancada decidió dirigirse a la DPPJ “Ante consultas de vecinos de la Sociedad de Fomento y en la búsqueda de certezas desde el punto de vista institucional”.

Sobre la respuesta brindada por la DPPJ, Álvarez indicó que “cualquier entidad sin personería jurídica carece de capacidad para realizar actos jurídicos, como contratar y/o vender bienes muebles o inmuebles. Ante esta situación consideramos que cualquier conflicto que surja sobre lo actuado, entre socios, autoridades de la Sociedad de Fomento y terceros involucrados, deberá dirimirse en sede judicial. El tema escapa a la potestad y competencia del Concejo Deliberante”.

Cabe recordar que la obra edilicia iniciada sobre el terreno vendido fue clausurada la semana pasada por la Dirección Municipal de Obras Particulares al constatarse que se había puesto en marcha antes de la aprobación de los planos.

Por otra parte, existe un conflicto precedente aún no resuelto: en 2007 la comisión directiva presidida por Ricardo Da Fonseca le cambió el lote de terreno 8A a la empresa constructora Farías-Bohler por la construcción de baños y tinglado en la sede social. Ese terreno nunca fue transferido a la empresa porque en ese momento la institución no tenía personería jurídica. Existe un convenio firmado en el que por un aparente error se consignó que la parcela a entregar era la 7A, la misma que fue vendida el año pasado, lo que abre la posibilidad de otra demanda judicial por incumplimiento de contrato.

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