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Alumbrado Público: nuevo revés judicial para los concejales de Cambiemos

La Cámara de Apelaciones rechazó el segundo recurso impulsado por el bloque, por lo que sigue vigente el incremento de la tasa dispuesto por el Ejecutivo.

 Milanta y Spacarotel, dos de los camaristas que intervinieron.

El 19 de febrero la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata desestimó la apelación del bloque de concejales de Cambiemos al rechazo del amparo que presentaran el 1 de febrero ante el Juzgado Civil y Comercial Nro. 17 a cargo de la Dra. Sandra Nilda Grahl.

Los jueces Gustavo Daniel Spacarotel, Gustavo Juan De Santis y Claudia Angélica Matilde Milanta resolvieron rechazar el recurso apelatorio y confirmar la sentencia de la Dra. Grahl, que en primera instancia había rechazado in limine la acción de amparo impulsada contra el incremento de la Tasa Municipal de Alumbrado Público (TAMSA).

Los tres miembros del tribunal fallaron en sintonía con lo planteado por Grahl: si bien no opinaron sobre la cuestión de fondo, destacaron que existen otras vías judiciales más idóneas para impulsar la demanda, específicamente la justicia en lo Contencioso Administrativo 

Con este fallo de segunda instancia la suba del 5.500 % dispuesta por un decreto del Ejecutivo se mantiene firme.

A través de la boleta de Edesur los clientes domiciliarios de Tarifa 1 abonarán $ 224 mensuales de TAMSA mientras que los de Tarifa Social abonará $ 114. Los comerciantes y pymes tendrán un cargo mensual de $ 560 y las industrias $ 784.

Todo parece indicar que el bloque conformado por Natalia Blasco, Elisabet Romero, Edith Vassallo, Carlos Alvarez, Ignacio Duhalde, Leonardo Iturmendi y Santiago Mac Goey (Hernán Muerza no había participado) desistirá de un tercer intento por otra vía judicial.

El 11 de febrero de 2016 el mismo tribunal rechazó con idénticos argumentos una apelación a un amparo presentado por María Salomé Schönborn contra la Municipalidad de Cañuelas en el que solicitaba el levantamiento de una clausura a un edificio construido fuera de las normas del Código Urbanístico. En esa oportunidad Spacarotel, De Santis y Milanta consideraron que Schönborn tenía otros “remedios judiciales o administrativos” para impulsar la acción.