La celeste y blanca no pregunta el origen

Hay pocas cosas que expresan con tanta fuerza la identidad argentina como el fútbol. En una cancha, en una tribuna o frente a un televisor, millones de personas se abrazan detrás de una misma bandera, sin importar el lugar de nacimiento, el apellido, el color o la religión. Por eso, cuando desde algunos ámbitos se instala la afirmación de que “los argentinos somos racistas”, no solamente corresponde preguntarse si esa generalización es justa, sino también si resiste un análisis serio contextualizando la historia, el derecho y nuestras instituciones.

Ninguna sociedad está exenta de episodios de discriminación y la Argentina no constituye una excepción. Sin embargo, convertir circunstancias particulares o expresiones aisladas en una característica que define a todo un pueblo resulta una simplificación injusta. Nuestro país construyó, desde su organización constitucional, un modelo basado en la igualdad ante la ley, la apertura a la inmigración y la protección de los derechos humanos, principios que se fortalecieron con tratados internacionales, leyes específicas y organismos dedicados a combatir toda forma de discriminación.

El fútbol, con sus pasiones y excesos, muchas veces amplifica conductas que deben ser repudiadas. Pero tampoco puede transformarse en la prueba concluyente para etiquetar a una nación entera. La argentinidad se forjó integrando culturas, recibiendo inmigrantes y defendiendo, desde la recuperación democrática, una sólida tradición de derechos humanos. Esa es también una parte esencial de nuestra identidad y merece ser considerada cuando se pretende juzgar quiénes somos.

Si alguien sostiene que “los argentinos somos racistas” como una afirmación general sobre toda la sociedad, existen sólidos argumentos jurídicos, históricos e institucionales para matizar o refutar esa idea. Al mismo tiempo, cabe distinguir entre el hecho de que un país cuente con normas e instituciones antidiscriminatorias y la posibilidad de que existan conductas racistas o discriminatorias en la práctica. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez.

El primer argumento surge del propio Preámbulo de la Constitución Nacional, que desde 1853 proclama que la Constitución se establece “para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. Esa expresión refleja una vocación de apertura e igualdad, sin distinciones por origen, étnia, nacionalidad, o cualquier otro motivo y constituye uno de los pilares de nuestra organización institucional.

La propia Constitución Nacional reafirma ese compromiso. El artículo 16 dispone que todos los habitantes son iguales ante la ley; el artículo 20 reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos; el artículo 75 inciso 22 incorpora con jerarquía constitucional los principales tratados internacionales sobre derechos humanos; y el artículo 75 inciso 23 obliga al Congreso a promover medidas de acción positiva destinadas a garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato.

A ello se suma el denominado bloque de constitucionalidad federal, integrado por tratados internacionales de derechos humanos que poseen jerarquía constitucional, entre ellos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos orientados a prohibir cualquier forma de discriminación por motivos de raza, etnia, origen nacional o color de piel.

En el plano legislativo, la Ley 23.592 sanciona los actos discriminatorios y habilita a las personas afectadas a solicitar el cese de las conductas discriminatorias y la reparación de los daños ocasionados.

Desde la recuperación de la democracia en 1983, además, la Argentina ha desarrollado políticas públicas orientadas a fortalecer la igualdad, la memoria, la verdad y la justicia. Se impulsaron programas destinados a la inclusión de pueblos indígenas, migrantes, personas afrodescendientes y otros colectivos históricamente vulnerados, reafirmando el compromiso del Estado con una sociedad más igualitaria.

Ese compromiso también se refleja en la existencia de organismos públicos específicos, como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), creado para prevenir y combatir toda forma de discriminación, funciones que en la actualidad fueron transferidas al Ministerio de Justicia tras su disolución; la Defensoría del Pueblo de la Nación; y numerosas áreas de derechos humanos que funcionan en los distintos niveles del Estado.

A ello debe sumarse el valioso trabajo de organizaciones de la sociedad civil, y organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre muchas otras, que durante décadas han contribuido a consolidar una cultura de respeto por los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de las personas.

Tampoco puede dejar de mencionarse que la inmigración constituye uno de los rasgos centrales de la identidad argentina. Durante los siglos XIX y XX nuestro país recibió millones de inmigrantes provenientes de Europa y, posteriormente, importantes corrientes migratorias de países limítrofes, Asia y otras regiones del mundo. Esa diversidad no debilitó la identidad nacional: la enriqueció y la convirtió en una de sus principales fortalezas.

Por ello, desde el punto de vista constitucional e institucional, resulta difícil sostener que el Estado argentino sea racista. Su Constitución, los tratados internacionales incorporados a ella, sus leyes y sus instituciones promueven la igualdad y prohíben expresamente toda forma de discriminación.

Naturalmente, ello no significa negar que existan episodios de racismo o xenofobia protagonizados por personas o grupos identificados. Esas conductas existen, deben ser repudiadas y cuando corresponde, sancionadas. Pero una cosa es condenar hechos concretos y otra muy distinta es atribuir esa conducta a una sociedad entera.

La Argentina tiene el deber de combatir toda manifestación de racismo o discriminación, provenga de una tribuna de fútbol, de las redes sociales o de cualquier otro ámbito de la vida pública. Esa es una responsabilidad ética, jurídica y democrática que no admite relativizaciones.

Pero ese compromiso tampoco puede confundirse con una descalificación colectiva. Decir que “los argentinos somos racistas” significa atribuir a todo un pueblo una condición que no encuentra respaldo en nuestra Constitución, en nuestro sistema jurídico, en nuestras instituciones ni en la historia de un país construido por sucesivas corrientes migratorias y comprometido con la defensa de los derechos humanos.

Este análisis también debe situarse en el contexto internacional que atravesamos. Un mundo signado por guerras, con una creciente polarización política y el resurgimiento de discursos de odio expandidos en las redes sociales han profundizado las divisiones y reavivado expresiones de racismo, xenofobia y discriminación que muchos creían superadas. En ese escenario, el fútbol como fenómeno social global no permanece ajeno a esas tensiones y en ocasiones las refleja.

La argentinidad no se define por los prejuicios de unos pocos, sino por los valores que elegimos defender como comunidad: la igualdad, la libertad, la dignidad humana y la convivencia democrática. El fútbol debe seguir siendo una pasión que nos une y no una excusa para estigmatizar a un pueblo entero. Combatir el racismo exige denunciar cada hecho concreto pero también rechazar las generalizaciones que terminan reproduciendo el mismo perjuicio que dicen combatir.

Porque, al fin y al cabo, la celeste y blanca no pregunta el origen de quien la abraza; simplemente invita a todos a sentirse parte de una misma Nación.
 

Escrito por: Maximiliano Mazzanti