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El bloque de Fuerza Patria hizo uso de su mayoría y, por diez votos contra ocho, rechazó de forma tajante el pedido de informes presentado por la UCR respecto a la implementación de un nuevo tributo denominado Contribución sobre la Valorización Inmobiliaria.
Este gravamen —establecido por medio de las ordenanzas Tributaria y Fiscal modificadas en diciembre de 2025— obliga a cederle al municipio el 20 % de loteos, barrios cerrados o viviendas multifamiliares cuando hay una intervención administrativa que genere un mayor aprovechamiento de los desarrollos. El pago puede realizarse en efectivo o mediante la entrega del mismo porcentaje en inmuebles.
Como lo adelantó InfoCañuelas, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo presentó una nota en la Municipalidad cuestionando esa norma por su elevado impacto fiscal y por las dudas que existen en su aplicación. El jueves, unas pocas horas antes de la sesión, el Colegio de Técnicos (distrito Lomas de Zamora, que nuclea a los Maestros Mayores de Obra) ingresó una carta en la Mesa de Entradas del municipio local con un reclamo en idénticos términos.
En su proyecto, la concejal Claudia Pelereteguy pidió saber los nombres de los funcionarios que decidieron aplicar el 20 %, cuánto se recaudó hasta el momento y qué destino se le dio a esos bienes o recursos. También preguntó si existió un diálogo con los colegios profesionales y si está previsto revisar la normativa cuestionada.
Desde el oficialismo, el concejal Fernando Abdo sostuvo que su bloque (con mayoría propia de diez ediles) de ninguna manera aprobaría lo pretendido por la UCR. En una extensa alocución, dijo que el pedido era “extemporáneo”, “contradictorio” y que “formula una serie de interrogantes cuyas respuestas se encuentran contenidas en la legislación provincial y en las ordenanzas locales”.
En ese sentido, resaltó que los cuestionamientos deberían haberse expresado en diciembre, durante el tratamiento de la reforma tributaria (en la que también se incluyó un nuevo cargo a los combustibles, que no fue advertido a tiempo por la oposición).
Muy enojada, Pelereteguy le recordó que, si bien el gravamen inmobiliario efectivamente se aprobó en el Concejo Deliberante, su bloque votó en contra junto al resto de la oposición. Además, señaló que muchas veces las ordenanzas pueden ser objeto de revisión cuando se advierte que su efecto no es el que se imaginó.
Abdo, en tanto, sostuvo que “es falso que el municipio creó un tributo” y recordó que el mismo “tiene fundamento en una ley que está vigente desde 2012”.
En otro pasaje, el edil de Fuerza Patria manifestó que lo reclamado por los arquitectos y técnicos “es un planteo en abstracto hecho por entidades cuyos matriculados no pagan esta contribución”. En otras palabras, afirmó que carecen de “legitimidad”, ya que los verdaderos sujetos obligados son los titulares de dominio y desarrolladores: “Pagan quienes obtienen un beneficio económico derivado de la valorización inmobiliaria, no los profesionales que intervienen técnicamente en el proyecto”.
Desde el bloque de La Libertad Avanza, el concejal Marcelo Bernasconi exteriorizó su apoyo al pedido de informes de la UCR. En respuesta a Abdo, manifestó que los profesionales se ven indirectamente perjudicados en su volumen de trabajo y que el tributo sí afecta a los inversores, generando una retracción de la inversión.
Si bien Abdo buscó explicar desde su banca lo que Pelereteguy pretendía que el Ejecutivo respondiera por escrito y con la firma de un funcionario responsable, se soslayaron algunos temas neurálgicos. Uno de los principales es que el área de Obras Particulares buscó aplicar la contribución sobre la valorización incluso cuando tal valorización no existía y los planos estaban dentro de la normativa vigente, sin ninguna intervención administrativa municipal que provocara un mayor aprovechamiento de la inversión.
Tras exponer sus argumentos, Abdo solicitó pasar a votación, por lo que el pedido de informes fue rechazado y enviado al archivo.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
