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«Hacete amigo del juez,
no le des de qué quejarse,
pues siempre es güeno tener
palenque ande ir a rascarse».
José Hernández. Martín Fierro.
La forma republicana de gobierno, dispuesta por la Constitución Nacional, establece tres poderes independientes y complementarios.
El poder ejecutivo administra la marcha del Estado, el poder legislativo fija las normas de convivencia a través de las leyes, y el poder judicial controla la legalidad de los actos de los otros dos poderes, verifica su constitucionalidad y dirime conflictos entre particulares.
Los cargos ejecutivos y legislativos son electivos y de duración limitada, según cada función.
Los magistrados, en cambio, no se eligen por el voto popular ni tienen plazo de caducidad, son perpetuos, salvo inconducta o senectud. Se eligen a través de un complejo mecanismo en el que intervienen el poder ejecutivo, el poder legislativo y un nuevo organismo constitucional: el Consejo de la Magistratura.
La buena salud de la República requiere que la integridad del juez sea extrema, que aleje cualquier sospecha de fallos parciales o direccionados.
Ésta es la teoría, lo deseable. Veamos la realidad de estos últimos dos meses.
La Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de dos de sus miembros, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, dispuso, por mayoría, que la competencia en la investigación de la quinta de Pilar, vinculada al tema AFA, correspondía a la Justicia Federal de Campana. El fallo generó sonrisas escépticas. Barroetaveña integró el Tribunal de Ética de la AFA, lo que indica un vínculo de pertenencia directo con la sociedad involucrada. Sin embargo no se excusó de actuar. Por el contario, votó a favor del pedido de los imputados. ¿Es lógico que dicte sentencia un juez que durante los hechos investigados integró personalmente la estructura de la sociedad involucrada? La Coalición Cívica, que había sido la denunciante del caso, pidió el apartamiento del juez Barroetaveña de la causa por su vínculo público, efectivo y funcional con la AFA. El Tribunal lo rechazó con un formalismo: los denunciantes no son parte del proceso y, por ende, no pueden requerir esa medida. Buena atajada. Pelota del arquero.
El fallo ordenó la remisión de la causa al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, que era lo pedido por los investigados.
El fiscal general de cámara, Mario Villar, cuestionó la medida por vía de recurso extraordinario. Calificó de arbitraria la resolución de Barroetaveña y Borinsky y alegó que podría sembrar la duda sobre la imparcialidad de los jueces firmantes y que detrás de las disputas de competencia podía ocultarse la busca de un tribunal más favorable a los intereses de los acusados: un caso de fórum shopping. El fiscal también cuestionó al juez Borinsky por una evidente contradicción entre su resolución de unos meses antes en la misma causa cuando señaló otra competencia. Nota: Mariano Borinsky se está promocionando, o lo están promocionando, para miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La causa de la quinta de Pilar lleva nueve meses sin avanzar mientras los señores jueces discuten una cuestión de competencia. En este lapso pueden desaparecer pruebas o fabricarse otras. ¿Lobo estás…? Estoy resolviendo la competencia…
Kafka sonríe desde la tumba y piensa: me quedé corto. Pausa de hidratación.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi, cuya esposa acaba de ser nombrada jueza federal de Hurlingham por este gobierno, resolvió dejar fuera del expediente a pretensos querellantes en el caso $LIBRA, donde se investiga, entre otros, al presidente de la República. Los rechazados son dos legisladores de la nación, integrantes de la comisión investigadora legislativa de la causa $LIBRA, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que, además, fueron denunciantes en la causa. Habían pedido agregar como prueba el informe final de la comisión investigadora legislativa del caso y el testimonio de Nadia Beller, esposa del consultor vinculado a Milei, Fernando Cerimedo, hoy preso en Bolivia. Para evaluar el tema, recuérdese que el fiscal de la causa, el único que quedaría con facultad de acusar, es Eduardo Taiano, quien había imputado a Javier Milei el 22 de febrero de 2025 por abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Pese a la ampulosidad de la incriminación, el fiscal parece haber perdido aire y la causa no avanzó. Los verdaderos interesados, víctimas del delito, fueron ya separados de la causa por resolución de Martínez de Giorgi, y ahora se aparta a los legisladores integrantes de la comisión que investigó el caso $LIBRA, conocedores profundos del tema. Quedan solo Taiano y Martínez de Giorgi. ¿Se puede esperar una real y exhaustiva investigación? Habrá que esperar la decisión del VAR.
La manipulación de la justicia a cielo abierto ha sido denunciada por la Dra. Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Reclamó transparencia en los concursos para designar jueces y exigió que las ternas vinculantes que se llevan al Poder Ejecutivo respeten el orden de mérito surgido de los exámenes y antecedentes, que son objetivos y verificables. Criticó “la entrevista personal”, menos controlable, que influye notoriamente en el puntaje y modifica las circunstancias objetivas. Señaló que en las primeras ternas enviadas al Ejecutivo, 12 entre 67 candidatos modificaron su posición por la entrevista personal. Entre los jueces que dieron espectaculares saltos entre los pobres resultados de sus exámenes, y su designación, están varios amigos del ministro Juan Bautista Mahiques, según la información periodística pública, y algunos se instalarán en tribunales sensibles por las causas de trascendencia política que se tramitan en esos juzgados.
Para evitar estas presuntas arbitrariedades, la Corte Suprema de Justicia, en marzo de 2026, remitió al Consejo de la Magistratura una iniciativa tendiente a reducir la discrecionalidad y establecer reglas claras para la “entrevista personal”, por su incidencia en la alteración del orden de mérito objetivo y controlable.
La iniciativa de la Corte no fue tratada en plenario del Consejo de la Magistratura y duerme el sueño de los justos en algún vericueto burocrático. ¿Falta de interés? ¿Demasiado interés? ¿O retención de pelota? Los intereses espurios ya moran en esta novel institución.
La Constitución Nacional, en su artículo 99 inc. 4, determina que el Poder Ejecutivo designa a los jueces en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado. En su artículo 114, inc. 2, indica que el Consejo de la Magistratura debe emitir propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de los magistrados. ¿Qué significa esto de ternas vinculantes? Significa que el Consejo de la Magistratura debe proponer los nombres de tres abogados por puesto vacante. El Poder Ejecutivo escoge uno de la terna. No puede salir del corsé de esa terna, no puede mezclar las ternas, el elegido de la terna A tiene que ser uno de los tres de esa terna A. No puede elegir a uno de las ternas B o C y ponerlo en la A, desplazando a los tres propuestos para esa terna. Las ternas son “vinculantes” porque evitan el direccionamiento de un juez a un determinado juzgado donde se lo quiera ubicar vaya a saberse con qué fines. Fórum shopping le llaman. Apartarse de la terna vinculante es inconstitucional por vulneración de los Arts. 99 y 114 de la Constitución Nacional. Ante esta anomalía el Senado puede negarse a dar curso al nombramiento y cualquier interesado puede pedir judicialmente la nulidad del acto.
Y así ocurrió. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia pidió ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal del Dr. Esteban Furnari una medida cautelar para que el Senado se abstenga de dar trámite a 14 pliegos de jueces porque el Poder Ejecutivo no respetó el carácter vinculante de las ternas y mezcló nombres de todas las ternas como si fuera una lista única, lo que propicia el fórum shopping: direccionar a un postulante para un determinado juzgado, que “interesa” al gobierno, por fuera de la terna que le correspondía.
El gobierno se jacta de estar cubriendo doscientos cargos vacantes en la justicia desde hace años. Es cierto, loable y necesario.
Pero: ¿Con qué intención y con qué hombres? ¿En interés de la Nación o de apetencias particulares?
Habría que preguntárselo al ministro de justicia Dr. Juan Bautista Mahiques y al Presidente de la República, que son los responsables.
Nunca deberíamos apartarnos en la designación de magistrados del viejo adagio:
El juez debe ser honesto, independiente y corajudo; además saber derecho.
Escrito por: Carlos Laborde
