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La Sala 4 de la Cámara del Crimen dictó el procesamiento sin prisión preventiva y un embargo por 111 millones de pesos del empresario Marcelo Porcel, acusado de abuso sexual en perjuicio de varias víctimas, todas compañeras de sus hijos en el colegio Palermo Chico.
La resolución —dictada en la noche del jueves 28 en forma unánime por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López— también establece que el empresario deberá usar un dispositivo de geolocalización y someterse a una extracción de sangre para la obtención de sus datos genéticos.
De esta manera, el camino quedó allanado para que el empresario cañuelense, propietario del establecimiento Campazú, vaya a juicio bajo los cargos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por aprovechamiento de la situación de guarda y cometido en forma reiterada respecto de 10 damnificados (varones de entre 11 y 15 años, compañeros de colegio de sus hijos); corrupción de menores de 13 años, en al menos 10 oportunidades; y producción de representaciones de genitales de un menor de 18 años con fines sexuales.
Los hechos, según lo que consta hasta aquí, se desarrollaban aprovechando la confianza generada con los padres en el contexto escolar. Porcel los trasladaba subrepticiamente a su oficina o a domicilios alternativos, les suministraba bebidas de alto contenido alcohólico y los incentivaba a exhibir sus genitales en un contexto de juegos, masajes y ofrecimiento de dinero para apuestas en juegos de azar.
La Sala rechazó todos los planteos de la defensa y sostuvo que se observa un patrón de captación y despliegue sexual abusivo. Sobre la credibilidad de los relatos, subrayó que los informes de Cámara Gesell destacaron coherencia interna, estructura lógica, elaboración espontánea y repercusión emocional de malestar e incomodidad en la totalidad de los afectados.
Los abogados defensores hicieron hincapié en la ausencia de indicadores de victimización sexual en las pericias de las víctimas. Sobre ello, la Sala señaló que los delitos imputados no exigen la acreditación de un perjuicio efectivo; que los exámenes se realizaron más de tres años después de los hechos; y que la ausencia de registros traumáticos no implica la falsedad del relato ni la irrelevancia criminal de las conductas. En una de las víctimas, los expertos sí hallaron signos psicotraumáticos compatibles.
Sobre la relevancia penal, la Cámara recordó que el abuso sexual no requiere contacto genital directo. Actos como masajes con propósito sexual, exhibición de miembros, relatos de experiencias sexuales explícitas o la concurrencia semidesnudo a saunas constituyen actos sexuales en los términos de la ley.
Cabe destacar que, si bien la querella ejercida por el Dr. Pablo Hawlena Gianotti, la fiscal general de la Cámara de Apelaciones, Dra. Verónica Fernández de Cuevas, y la Defensoría Nro. 02 de Menores, representada por el Dr. Juan Pablo Gaona, solicitaron la detención de Porcel, la Cámara se mantuvo en línea con la posición del fiscal de primera instancia, Dr. Pablo Turano, y rechazó la detención preventiva del imputado.
Contra la apelación de los abogados de Porcel, la Cámara también estableció que deberá someterse a una extracción sanguínea para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos.
No obstante, por la gravedad de los hechos imputados y las inquietudes de las víctimas y sus familias, a las medidas que ya estaban vigentes (prohibición de salida del país y restricción de acercamiento a las víctimas) se ordenaron medidas adicionales. Entre ellas, la inmediata colocación de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización sobre el cuerpo del imputado, con monitoreo por parte del tribunal y las autoridades de control.
En las últimas horas, siete de las víctimas presentaron una carta ante el juez exigiendo la detención de Porcel, la cual hasta ahora no fue aceptada por los distintos jueces que intervinieron en el proceso.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
