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Elevaron a juicio la causa contra el ex fiscal Robatto por Asociación ilícita

Está acusado de liderar una banda que se apropió de un campo en el partido de Monte.

Está acusado de liderar una banda que se apropió de un campo en el partido de Monte.

Elevaron a juicio la causa contra el ex fiscal Robatto por Asociación ilícita

 En 2019 Robatto llega esposado a la UFI 1. Archivo.

El juez Guillermo Atencio, titular del Juzgado de Garantías 1 de La Plata, acaba de elevar a juicio la causa por Asociación ilícita contra Rodolfo César Robatto y otros cinco imputados. El ex fiscal de Cañuelas está acusado de liderar de una banda que en 2009 se apropió de un campo de 180 hectáreas en la localidad de Videla Dorna, partido de Monte.

 El 22 de marzo pasado el fiscal Lisandro Damonte (remplazante de Robatto en la UFI 1) elevó el expediente y pidió que el mismo sea resuelto mediante el instituto del juicio abreviado. El 20 de septiembre -luego de dar vista a los distintos abogados defensores y rechazar los pedidos de sobreseimiento- Atencio dispuso la elevación. Si la Cámara lo ratifica, sólo faltará definir el tribunal que llevará adelante el juicio oral.

Robatto también está imputado de los delitos de Abuso de autoridad, Negociaciones incompatibles con la función pública y Denegatoria de justicia. Además, se lo considera partícipe necesario de los delitos de Falsa denuncia, Usurpación de inmueble, Estafa y Hurto campestre. 

LA CAUSA

El expediente que involucra a Robatto se inició en 2009 en la Fiscalía que él mismo conducía. Claudio Báez, ahora detenido, denunció que había adquirido de buena fe un campo de 180 hectáreas ubicado entre las vías del tren y el puente Romero de la localidad de Videla Dorna, y que al tomar posesión lo encontró usurpado. Ese campo tenía una parte sembrada y otra dedicada a ganadería. Un mes más tarde la verdadera dueña, Mirta Carmen García, radicó una denuncia por usurpación, también en la Fiscalía de Robatto.

Fuentes judiciales explicaron que antes de archivar la denuncia de García, Robatto labró un oficio concediéndoles la posesión del campo a los usurpadores y exigiendo a la empresa cosechadora y acopiadora de cereales CEFA SRL que les entregara el producido de la cosecha de avena a los intrusos.

Tras la renuncia de Robatto, en 2013, y la unificación transitoria de las fiscalías locales, el fiscal Roberto Berlingieri reabrió varios expedientes “sospechosos” de su antecesor, entre ellos el de García. Fue así que en 2014 le restituyó el campo a la mujer, que lo había recibido como herencia de su padre.

En 2018 fiscal Damonte –continuador de Berlingieri en la UFI 1– retomó la investigación de algunas causas viejas, con la firme sospecha de que bajo un paraguas judicial funcionó una organización dedicada a la apropiación de inmuebles. A solicitud de Damonte, los detenidos fueron siete en total:

• Rodolfo César Robatto, abogado, fiscal de Cañuelas entre 2009 y 2013, domiciliado en San Miguel del Monte, donde ejerce como abogado particular.
• Daniel Marcelo Liguori, abogado, domiciliado en Punta Lara (partido de Ensenada).
• Ángel Oscar Labria, de Punta Lara.
• Franco Rafael Torres, de Virrey del Pino.
• Claudio Daniel Báez, de Ramos Mejía.
• Ignacio Enrique Sánchez y su hijo Diego Ignacio Javier Sánchez, de Villa Luzuriaga. 

Ignacio Sánchez falleció durante el proceso, quedando extinguida la acción penal contra él. Los restantes seis imputados se encuentran detenidos con prisión domiciliaria.

En el auto de requerimiento del juicio oral se indica que el 6 de octubre de 2009 estos sujetos, “de manera coordinada y con distribución de roles”, mediante la falsificación de un boleto de compra-venta y de otro documento por el cual se reconocía a Báez con potestad posesorias que efectivamente no tenía sobre un inmueble Videla Dorna, habiendo formalizado este último una falsa denuncia previa de fecha 15 de septiembre de 2009 por la comisión del delito de usurpación de inmueble -a los fines de dar legitimidad a futuras maniobras delictivas-, “procedieron a despojar mediante la sustitución de las cadenas y candados que se encontraban colocados en resguardo del perímetro del lote en cuestión, a la ciudadana Mirta Carmen García de la efectiva posesión del predio rural sito a la orilla del Río Salado”.

Un dato sugestivo que aparece en la causa es que algunos oficios y actos procesaless del expediente iniciado tras la falsa denuncia de Báez -como la entrega de la avena a los usurpadores- fueron firmados únicamente por Robatto sin la participación del secretario actuante, en contraposición con lo que indica el reglamento.

La resolución menciona además la participación de casi la totalidad de los imputados en otras causas por usurpación, casi todas archivadas. Además, en el análisis de los mensajes de texto cruzados entre los encartados se encontró un intercambio de documentos sobre la usurpación de un inmueble en Florencio Varela. En la conversación se menciona que por intermedio de un contacto en el Municipio de ese distrito se borraría la deuda de tasas a cambio de la entrega de parte del lote al colaborador municipal.

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