25 de abril. Cañuelas, Argentina.

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En la sentencia contra Felipe Nori piden investigar a varios funcionarios

La jueza Cecilia Sanucci dio a conocer los fundamentos del fallo contra el falso médico brasileño. Hizo especial hincapié en las contradicciones de Fabiana Pereyra.

Fabiana Pereyra en su declaración.

Fabiana Pereyra en su declaración.

Tras la condena de tres años contra Felipe Nori Haggi Lacerda, la titular del Tribunal Oral 1 de La Plata, Dra. Cecilia Sanucci, dio a conocer los fundamentos de la sentencia, en las que dejó abierta una puerta para profundizar la investigación contra varios funcionarios de la administración local.

En un extenso escrito de 55 fojas que se puede leer al pie de esta página, la magistrada explicó que están plenamente acreditados los delitos de Ejercicio ilegal de la medicina, Usurpación de título y honores y Uso de documento falso, cometidos por Nori durante casi nueves  meses de actividad en el Hospital Angel Marzetti de Cañuelas y la Unidad Sanitaria de Máximo Paz.

La jueza le impuso al falso médico brasileño una pena de 3 años en suspenso y una serie de reglas de conducta, entre ellas fijar residencia en el país durante el período de la condena, someterse bimestralmente a un control del Patronato de Liberados y efectuar una donación en insumos para el Hospital de Niños de La Plata por un monto de 100 mil pesos. 

Sanucci valoró la ausencia de antecedentes por parte del joven brasileño y su colaboración con el proceso, especialmente los datos que aportó sobre el mecanismo de contratación de profesionales, repleto de irregularidades.

Si bien en un principio se planteó la posibilidad de que el fiscal Roberto Javier Berlingieri apelara la sentencia reclamando un cumplimiento efectivo, finalmente se supo que no habrá apelación.

NORI, LA PUNTA DE UN ICEBERG

A partir de las contradicciones en las que incurrieron Brenda Rodríguez (asesora Letrada del Marzetti) y Fabiana Pereyra (coordinadora de guardias en uso de licencia), la jueza Sanucci pidió iniciar contra ambas una nueva causa por el presunto delito de falso testimonio y también por enriquecimiento ilícito contra esta última.

El dato más relevante del escrito es que Sanucci planteó la existencia de una serie de delitos que exceden el juicio realizado contra Nori. En ese sentido dijo que las contradicciones de los diversos testigos permitieron vislumbrar una probable “red de corrupción” de “carácter permanente” por lo que pidió remitir las actas del debate a la Fiscalía 17, a fin de ser incorporadas a la causa por Malversación de caudales públicos que allí se investiga (la llamada “causa del allanamiento”). 

En esa línea pidió que se investigue la posible comisión de delitos por parte de Federico Pequeño, Hernán Carpio, Diana Barcia, Brenda Rodríguez, Verónica Velázquez, Fabiana Pereyra y Teresa Domínguez.

En varios tramos la magistrada marcó con énfasis las contradicciones de Pereyra tanto cuando habló del manejo de la documentación como del servicio de catering que realizó para Nori en su casamiento. “Nunca pudo explicar por qué recibía transferencias de un emprendimiento privado para el que había sido contratada por el imputado en su cuenta sueldo de funcionaria municipal, que se supone es para otros fines. El hecho que fuera una empresa familiar y que recién empezaba no lo justifica y era imposible habiendo organizado el casamiento que no supiera el verdadero nombre de Nori.”

“Las transferencias realizadas a Pereyra, informadas por el Banco Provincia, excedían montos comunes de ganancias de un médico de guardia (...) Tampoco explica cómo es posible que las transferencias fueron concretizadas con anterioridad a las fechas en las que supuestamente se le empezó a pagar el casamiento. En definitiva, esta testigo presenta severas contradicciones y carencia de justificaciones racionales en su relato, que me permiten relativizar sus dichos en lo tocante a lo que se contradice con las maniobras que describiera el imputado, quién la coloca como protagonista esencial con relación a su quehacer delictivo.”

Esta postura de la jueza coincide con lo planteado por Héctor De Stéfano, abogado de los médicos brasileños Joao Dos Santos Neto y Sonia Banhuki, cuyas identidades fueron usurpadas por Nori y Thais Soares Costa. Según De Stéfano, en Cañuelas funcionaba una asociación ilícita destinada a captar falsos médicos. “Hasta Batman disfrazado podía trabajar de médico porque no le pedían absolutamente nada”, ironizó.  Y lamentó que el Ejecutivo municipal “ni siquiera pidió disculpas”.

 

 

Escrito por: Redacción InfoCañuelas