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Desde el municipio aseguran que no autorizarán un bingo en el Sargento Cabral

“Si llegara un pedido, no se va a autorizar”, dijo el jefe de Gabinete.

“Si llegara un pedido, no se va a autorizar”, dijo el jefe de Gabinete.

Desde el municipio aseguran que no autorizarán un bingo en el Sargento Cabral

 Fernando Jantus de Estrada.

En el medio de las dudas que genera la venta de una parcela en la Sociedad de Fomento Sargento Cabral, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Cañuelas, Fernando Jantus de Estrada, aseguró que el municipio no autorizará el funcionamiento de un bingo en el lugar.

“Hasta ahora no ha llegado ningún pedido en ese sentido y si llegara a presentarse, no se va a autorizar”, dijo Jantus a InfoCañuelas. Además, aseguró que el tema se conversó en el Ejecutivo durante la mañana de este miércoles “al más alto nivel”.

Hace unos días InfoCañuelas reveló que la Sociedad de Fomento Sargento Cabral, comandada por el funcionario municipal Ricardo Da Fonseca, el año pasado vendió una de las parcelas que conforman el predio de la entidad. La noticia generó un revuelo entre vecinos y socios históricos, quienes no estaban enterados de la operación.

Ayer InfoCañuelas sumó otra revelación: que la actual comisión directiva analiza firmar un convenio con una empresa de máquinas tragamonedas. 

“Es un tema que está hablado, pero hay que reunirse y recorrer un largo camino. La conversación fue colocar tragamonedas y también se habló de una agencia hípica, pero eso implicaría una competencia con la agencia que actualmente funciona en los bomberos”, explicó un allegado a Da Fonseca.

Luego de afirmar que un proyecto de esa naturaleza no sería aprobado, Jantus agregó que el Ejecutivo no analiza ninguna intervención en relación a la venta de la parcela. “Esa operación que ha salido en los medios  no tiene relación con la labor del señor Da Fonseca omo funcionario público. De oficio no podemos intervenir porque la institución se encuentra bajo la órbita de la Dirección Provincia de Personas Jurídicas (DPPJ). Si existiera el requerimiento de algún socio lo analizaremos, pero no está en nuestra competencia y jurisdicción intervenir en el caso”.

Hace unos días una fuente provincial habló sobre el tema y brindó una opinión distinta. Dijo que la DPPJ no cuenta con personal para hacer un monitoreo permanente de las decenas de miles de ONG que hay en territorio provincial y que tanto los municipios como los concejos deliberantes pueden intervenir cuando se sospecha de alguna irregularidad debido al carácter social de las entidades.

EL DÍA QUE LA JUEZA MARTÍNEZ LE PUSO FRENO A LAS TRAGAMONEDAS

En mayo de 2003, durante la gobernación de Felipe Solá, se aprobó la Ley 13.063 que autorizaba el funcionamiento de Máquinas Electrónicas de Juegos de Azar (tragamonedas), en cualquiera de sus variantes, en salas de bingo habilitadas. El pretexto para su aprobación fue que el dinero recaudado serviría para costear las becas del Polimodal, que no podían ser aseguradas con la recaudación ordinaria.

El artículo 1ro de la Ley subraya que estos dispositivos podrán funcionar “exclusivamente” en casinos, excluyendo clubes de barrio y cualquier otra institución intermedia. 

Un tiempo antes de la aprobación de esta normativa, apelando a una legislación previa de 1999, una empresa de Luján había instalado una decena de tragamonedas en el salón de apuestas hípicas que aún funciona en la planta alta del cuartel de Bomberos Voluntarios.

Por mandato de la Corte, la jueza de Paz Haydée Martínez recibió la instrucción de notificar a la empresa el contenido de la nueva Ley y la obligación de retirar las máquinas del edificio bomberil. Pero como la actividad continuó, la juez concurrió al lugar acompañado por el comisario Roberto Anauati y procedió a clausurarlas.

Al día siguiente tres colectivos con más de 50 manifestantes enviados por la empresa de Luján se estacionaron frente al Juzgado de Paz y durante horas hicieron sonar bombos y redoblantes protestando contra la decisión de la jueza. En simultáneo, varios hombres se dirigieron a la vivienda particular de la magistrada, donde hicieron una volanteada de protesta argumentando pérdida de fuentes laborales.

La situación tuvo varios ribetes cinematográficos, ya que manifestaciones de esta naturaleza eran totalmente inusuales en el Cañuelas de esa época. Tanto es así que un vecino del Juzgado ingresó sigilosamente a la sede y le ofreció a la Dra. Martínez correr su auto para evitar que los manifestantes lo dañaran. Martínez le dio las llaves y el vecino lo movió varias cuadras. El intendente Ezequiel Rizzi también la llamó para ponerse a disposición.

Pasadas las 14 hs. la manifestación continuaba, cada vez más cerca de la puerta de acceso al juzgado. Ante el temor de que los manifestantes pudieran romper el cordón policial, las empleadas sacaron a la Dra. Martínez por una puerta lateral y la subieron rápidamente a un auto para alejarla de la zona. 

Esa noche no pudo dormir en su casa debido al peligro de que la manifestación continuara allí, por lo que se dirigió a una vivienda de familiares. Al otro día regresó la calma.
 

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