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El bloque de concejales de Cambiemos realizó una denuncia penal ante la UFIJ 2 de Cañuelas pidiendo que la justicia investigue presuntas irregularidades en la implementación del plan Más Cerca Eléctrico.
La presentación -firmada por los concejales Santiago Mac Goey, Natalia Blasco, Carlos Alvarez, Elisabet Romero, Javier Muerza, Ignacio Duhalde y Leonardo Iturmendi- abona la hipótesis de que se dieron por finalizadas obras que estaban inconclusas, lo que abre un manto de sospechas sobre funcionarios locales y también sobre las empresas que participaron en las obras adjudicadas.
El Más Cerca Eléctrico -impulsado en 2014 por el Ministerio de Planificación Federal en el marco del programa “Más cerca, más municipio, mejor país, más patria”- buscaba financiar obras de iluminación y construcción o renovación de cableados en el gran Buenos Aires. El Estado Nacional proveía el financiamiento mientras que el municipio se ocupaba de la licitación y control.
En el caso de Cañuelas, la Etapa I (Licitación Publica Número 1 de 2014) estipulaba la instalación de 2270 nuevas luminarias; reparación y renovación de 18 centros de transformación para mejorar la capacidad y disminuir los cortes; 35 km de red de baja tensión y 160 km de red de media tensión; colocación de 1600 postes de hormigón de 13 metros, 400 postes de hormigón de 8,5 mts y 600 postes de 8.5 mts de madera. El presupuesto era de $ 226.273.000.
El 15 de octubre de 2015 los representantes de las empresas adjudicatarias –entre ellas Sade Electromecánica del empresario cañuelense Luis Javier Picco- y el Ing. Julián Bautista, por entonces Subsecretario de Obras y proyectos Territoriales de la Municipalidad, firmaron el acta de recepción de obra, lo que indicaba que la misma se encontraba concluida.
“Si uno analiza en detalle la documentación que sustenta el desarrollo de la contratación, precisamente el detalle de las certificaciones de obra firmadas por los profesionales intervinientes en el control de obra establecen un derrotero de cumplimiento parcial, que de ninguna manera acredita el cumplimiento total de la obra (...) Por el contrario, hay documental que indica un mínimo porcentaje de cumplimiento” indicaron los ediles en su presentación.
La Etapa II se llevó adelante mediante la Licitación Pública Nro. 2 de 2014, con un presupuesto oficial de $ 253.000.000 y un plazo de ejecución de 180 días a partir de la firma.
En su denuncia los concejales reproducen varias fojas del fallo del Tribunal de Cuentas que, entre cuestionamientos, señala la falta de documentación que permitan verificar los descuentos de los 30 millones de anticipo financiero distribuido entre las empresas Sade Electromecánica S. A., Constructora Pampa SRL, Tecma S. A. y Obras y Proyectos E. G. SRL. Los únicos certificados de obra aportados señalan un avance del 29 % en vísperas de la suspensión y paralización de la misma.
Teniendo en cuenta que en la denuncia del bloque de Cambiemos apunta contra funcionarios locales, es altamente probable que la titular de la UFIJ2, Norma Pippo, se declare incompetente y eleve el expediente a la Fiscalía General de La Plata ya que las fiscalías descentralizadas están impedidas de investigar a funcionarios de su área geográfica.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
