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Gustavo López, el abogado de Cañuelas que colaboró en el Juicio a las Juntas Militares

Formó parte del equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos que aportó pruebas para la acusación contra la cúpula militar.

Formó parte del equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos que aportó pruebas para la acusación contra la cúpula militar.

Gustavo López, el abogado de Cañuelas que colaboró en el Juicio a las Juntas Militares

El 9 de diciembre de 1985 -hoy se cumplen 35 años- la Cámara Federal sentenció a los integrantes de las Juntas Militares que usurparon el poder el 24 de marzo de 1976.

En un fallo histórico y reconocido a nivel mundial fueron condenados Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, varios de ellos a reclusión perpetua.

Un testigo privilegiado de aquella epopeya judicial fue el abogado cañuelense Gustavo López, recibido nueve meses antes. En octubre de 1984 ingresó a trabajar en la Subsecretaría de Derechos Humanos, por entonces a cargo del filósofo Eduardo Rabossi. Desde ese lugar, y junto a un equipo de siete nóveles abogados, se ocupó de ordenar y encontrar las conexidades entre los cerca de 8 mil legajos sobre desapariciones forzadas, vejámenes y otros delitos reunidos por la Conadep; y hacer foco sobre los casos más paradigmáticos.

“Nuestro trabajo era analizar esos legajos, ordenarlos por provincias, sexo, religión, ideología política, etc. y entregar informes ya depurados al fiscal Julio César Strassera y al fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo para que ellos pudieran elaborar la acusación con el equipo de la Fiscalía. El nuestro era un trabajo técnico de apoyo a los fiscales”, recordó López en diálogo con InfoCañuelas.

López (tercero desde la derecha) junto al equipo que colaboró con Strassera.

El letrado nacido en Cañuelas el 8 de noviembre de 1957 compartió aquellas frenéticas jornadas que se extendían de lunes a lunes con siete colegas tan jóvenes como él: Mabel Colalongo, María Del Carmen Tucci, Nilda Peralta, Alberto Julio Sisini, Pablo Kanovich, Juan Alejandro Kawabata y Eduardo Manera. 

En su caso le tocó trabajar específicamente las denuncias sobre desapariciones forzadas en las provincias de Jujuy y Formosa, por lo que revisó el llamado “Apagón de Ledesma” (una serie de cortes del suministro eléctrico intencionales provocados en julio de 1976 en ingenios azucareros durante los cuales fueron secuestrados cerca de 400 estudiantes, militantes y activistas) y el secuestro del poeta y militante de la Liga Agraria formoseña Francisco “Pancho” Bogarín.

López recuerda que en algunos momentos del juicio se vivieron momentos de zozobra, por ejemplo cuando se decidió citar a declarar a oficiales en actividad con la posibilidad cierta de que quedaran detenidos durante la audiencia.

“Nos llegaron rumores desde Córdoba de que en esa provincia no iba a declarar ningún oficial en actividad y que si queríamos que declararan los tendríamos que ir a buscar con un tanque. De hecho el primer alzamiento de 1987 está relacionado con la resistencia a declarar de un represor cordobés. Ante la posibilidad de un golpe, todos los abogados que trabajamos en la acusación contra las Juntas teníamos asignada una embajada para pedir asilo. En mi caso era la Embajada de Colombia” rememoró.

Gustavo López se recibió en 1985 y ese mismo año comenzó a trabajar en la Subsecretaría de Derechos Humanos.

En septiembre de 1985 López estuvo presente en un palco durante el alegado del fiscal Julio César Strassera, que culminó con la célebre frase “Nunca Más”. “Cuando lo dijo, todos aplaudimos. Videla, que hasta ese momento se había mantenido callado, giró la cabeza, miró hacia donde estábamos y pronunció ´hijos de puta´. Ahí todos empezamos a gritar, a insultarlo, a decirle asesino... parecía una cancha de fútbol. A raíz de ese incidente la sentencia de diciembre se dictó sin público”.

“Para mí fue una experiencia muy enriquecedora y fue impresionante la repercusión internacional. Durante semanas nos llegaban telegramas a la Subsecretaría de Derechos Humanos de un montón de gobiernos y cortes europeos felicitando por lo que habíamos conseguido. En su momento, como lo expresó Strassera, el objetivo era impartir justicia y lograr que nunca más se atentara contra la democracia. Creo que en ese sentido fue aleccionador”.

“Lamentablemente –continúa López– muchos jóvenes de hoy desconocen ese juicio realizado durante el gobierno de Raúl Alfonsín y mucho menos se les dice que el candidato Ítalo Lúder había firmado un pacto con los militares para mantener la impunidad. Alfonsín derogó esa ley de facto, creó la Conadep e impulsó el juicio a las Juntas. Primero les dio la oportunidad de que fueran juzgados por tribunales militares, pero como hubo demasiadas demoras, finalmente lo llevó adelante la Cámara Federal”.

Concluida esa etapa, el grupo de ocho abogados integrado por López trabajó en un informe nacional sobre violación de derechos humanos en distintos ámbitos, como hospicios mentales, régimen carcelario, trabajo golondrina, comunidades aborígenes y trabajo infantil. En 1986 el subsecretario Eduardo Rabossi le entregó un expediente de más de 2 mil fojas al ministro del Interior, Antonio Tróccoli, con la idea de impulsar leyes en esos ámbitos. “La respuesta de Tróccoli fue que la sociedad argentina todavía no estaba preparada para sacar a la luz esos dramas. Casi todos decidimos que ya no tenía demasiado sentido trabajar como meros empleados de la burocracia y nos fuimos yendo”.

En abril de 1986 López renunció a la Subsecretaría de Derechos Humanos, volvió a Cañuelas, habló con Néstor Gabrielo y el intendente Jorge Domínguez, y a partir de allí se integró al equipo de abogados del municipio que encabezaba Ricardo Mietta. Atrás había quedado la experiencia más fascinante de su carrera.

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