Volver a sección

| Columnistas

Vicentín: ¿un anticipo de lo que puede suceder con Molino Cañuelas?

“En condiciones normales deberían respetarse todos los procesos jurídicos y luego los legislativos, pero no estamos en condiciones normales” advirtió el ex concejal Leonardo Iturmendi.

“En condiciones normales deberían respetarse todos los procesos jurídicos y luego los legislativos, pero no estamos en condiciones normales” advirtió el ex concejal Leonardo Iturmendi.

A veces para tener idea de la magnitud de algunas decisiones del Estado es necesario imaginarlas cercanas. Vivimos en una sociedad que mayoritariamente se sumerge en lo individual y donde pareciera que lo que le afecta a uno personalmente es lo que importa y lo que afecta al prójimo... da igual.

Vale entonces hacer un paralelismo entre la intervención intempestiva y arbitraria por parte del Gobierno Nacional sobre la Empresa Vicentín -que causó asombro e incluso repudio en muchos sectores de la sociedad en plena pandemia- y la situación de la empresa más antigua y principal generadora de fuentes de trabajo en la ciudad de Cañuelas.

El lunes pasado el presidente Alberto Fernández anunció la intervención inmediata y el envío del proyecto de expropiación de la Empresa Vicentín, cuarto exportador de productos agrícolas del país, afectada por una deuda de USD 1350 millones y cuyo principal acreedor es el Banco de la Nación Argentina. 

Los dueños de la empresa son los primeros asombrados. Nadie se tomó la molestia de avisarles que se evaluaba esta decisión y tampoco lo imaginaban ya que están en concurso de acreedores. Por lo tanto, como primera cuestión a tener en cuenta, el Poder Ejecutivo Nacional saltea la división de poderes y se carga al Poder Judicial.

La excusa es la deuda. Según iProfesional.com, “Molino Cañuelas, consolidada en el segmento alimenticio como la principal procesadora de trigo de la Argentina, tiene una deuda de aproximadamente USD 1400 millones y uno de sus principales acreedores es el Banco Nación”. 

Si la excusa es la deuda, ambas compañías están en igualdad de condiciones. Si la excusa es la “soberanía alimentaria” (una frase grandilocuente dirigida principalmente al fanático que cree estar haciendo Patria al convalidar que el Estado se quede con una empresa privada porque su líder así lo expresa) también están en igualdad de condiciones.

Respondiendo la pregunta del título, en condiciones normales deberían respetarse todos los procesos jurídicos y luego los legislativos, pero no estamos en condiciones normales y con una mera conferencia de prensa y un DNU, basta.

Luego del anuncio, el Presidente no sólo se expresó en contra la oposición -todos los legisladores de Juntos por El Cambio sacaron un duro comunicado titulado “EL ANUNCIO SOBRE VICENTIN ES ILEGAL E INSCONSTITUCIONAL” dejando expresado que con el DNU “se pasó por arriba al Congreso y al Poder Judicial”, y en otro punto también alerta “Empresas en problemas por la cuarentena corren el mismo riesgo”- sino que también abrió una crisis en el frente oficialista donde ya hay rumores de renuncia del Gabinete completo de Producción del Gobierno de Santa Fe (Vicentín está radicada en esa Provincia).
 
El propio Roberto Lavagna, quien se reúne asiduamente con el Presidente y lo aconseja sobre economía fue muy crítico con la decisión presidencial: “Hace algunos años se habló de soberanía energética y las cosas no salieron bien: baja inversión, necesidad de importar, caída de reservas y finalmente estancamiento económico y social”. El ex ministro de economía de Néstor Kirchner fue todavía más duro al advertir “ayer se habló de soberanía alimentaria, no bastan el Estado y los amigos del Poder para que las cosas salgan bien”.

Fue conmovedor ver en la tarde del martes la multitudinaria movilización espontánea de los vecinos de Avellaneda (Santa Fe) ciudad donde se radica Vicentín, pidiendo desesperadamente al Gobierno Nacional que dé marcha atrás con la medida.

Sin dudas la mejor manera de analizar las cuestiones es ponerse en la piel del otro. Estoy seguro de que no queremos ser la próxima Avellaneda, ni tampoco que decisiones tan trascendentales paras miles de ciudadanos sean a través de decretos. Debemos ser defensores a ultranza de la Constitución Nacional y la división de Poderes. 

No veamos estas cosas como lejanas, como si no nos afectaran. Crecer como sociedad requiere de mucha empatía y solidaridad.

Por supuesto que en esta “cruzada patriótica” el kirchnerismo ya puso enfrente un enemigo, porque así funciona históricamente: Señala como principal responsable del endeudamiento de las empresas a funcionarios del Gobierno anterior. Si cometieron algún delito, que los denuncie y los someta a la Justicia y si son culpables, que vayan presos. 

No hay peor ceguera que el fanatismo justificador de absolutamente todas las medidas y acciones que toman los dirigentes del espacio político al que uno pertenece. Fui presidente del Bloque de Concejales de Cambiemos entre 2015 y 2019 y más de una vez en el recinto del HCD voté en contra de decisiones del Gobierno Nacional porque iban en contra de mis convicciones. Como ejemplo, puedo citar que me opuse al nombramiento de jueces por decreto, cuestión que el anterior Presidente terminó modificando. 

En este caso el Gobierno Nacional se está equivocando. No hay ninguna revolución ni soberanía alimentaria. No frenar a tiempo nos puede llevar a otra 125. No lo digo yo, lo dice Lavagna, la oposición y miles de vecinos de Avellaneda que luchan en las calles por no ver avasallada la propiedad privada y hacer valer la seguridad jurídica.

Leonardo Iturmendi
Ex concejal de Cambiemos
Ex precandidato a intendente por la UCR

x