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Fiesta clandestina: aplican una multa de $ 220 mil a los dueños de la quinta

El juez destacó que el predio carecía de habilitación para realizar eventos y que se violaron los protocolos sanitarios. Fotogalería.

El juez destacó que el predio carecía de habilitación para realizar eventos y que se violaron los protocolos sanitarios. Fotogalería.

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Parte de las bebidas consumidas.

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El juez de Faltas de Cañuelas, Fabián Silveti, condenó a los responsables de la quinta ubicada en San Juan y Ecuador del barrio Los Aromos a pagar una multa de 1.800 módulos ($ 221.868) en razón de la fiesta clandestina que un grupo de inquilinos realizó el fin de semana.

La sanción económica se estableció en un fallo dictado este mediodía contra la propietaria del inmueble, Mariela Soledad Papaianni; y contra su padre y locador Antonio Papaianni, ambos con domicilio en La Tablada.

En su resolución y en base a los testigos que desfilaron por el juzgado durante la semana, Silveti detalló que el 25 de octubre se recibieron llamados telefónicos a distintas áreas municipales que alertaban sobre el curso de una fiesta clandestina en el predio de San Juan y Ecuador.

Los llamados denunciaban la presencia de una gran cantidad de gente ocasionando “ruidos molestos y disturbios”, alterando la tranquilidad de los vecinos en franca violación del decreto Presidencial que prohíbe este tipo de reuniones.

Cerca del mediodía arribó la policía en compañía del personal del área de Inspecciones de la Municipalidad de Cañuelas, quienes verificaron la veracidad de las denuncias. Germán Estévez se declaró responsable de la organización del evento.

Al momento del arribo de las autoridades había 22 en el lugar, pero esta semana InfoCañuelas reveló un video que muestra el escape de algunos invitados por encima de un paredón un rato antes de la llegada de los efectivos policiales.

En su fallo Silveti subrayó que la quinta en cuestión carece de habilitación municipal para realizar fiestas “y por ende no reúne las condiciones mínimas de seguridad (matafuegos, salida de emergencia, etc.). El lugar no cumplía los protocolos sanitarios y además estaba funcionando fuera del horario permitido”.

“Se constató gran cantidad de bebidas alcohólicas y que se estaba excediendo la cantidad de personas permitidas dentro de la quinta; además ninguno de los infractores tenía tapaboca o barbijo”.

El magistrado agregó que el lunes 26 se presentó espontáneamente en el Juzgado el Sr. Antonio Papaianni, padre de la titular registral, quien exhibió un contrato de alquiler temporario en el que figura como locatario el Sr. Roberto Sandro Cimarosa, con domicilio en Lomas del Mirador (esta persona fue identificada por la policía como participante de la fiesta). Papaianni pretendió responsabilizar a Cimarosa de lo sucedido, invocando el contrato de locación.

“Sería muy fácil eximirse de responsabilidad argumentando la presentación de un contrato de locación sin fecha cierta y como locatario a una persona insolvente, lo que haría imposible el cobro de la multa. Los locadores tienen que extremar los recaudos para alquilar a personas que responsan por su mal accionar” fue la respuesta de Silveti en el fallo.

Además, destacó que los locadores “no pueden transmitir derechos más amplios que los que poseen”, es decir que se tienen una quinta alquilan una quinta; no un salón de fiestas.

Tras firmar la condena de 1.800 módulos municipales Silveti procedió a levantar la clausura sobre el inmueble, destacando que el fallo también apunta a “disuadir conductas similares” en otros sitios de Cañuelas.

Entre tanto, las personas identificadas dentro del predio enfrentan una causa en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora por incumplimiento de las medidas de restricción.

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