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El juez Martín Miguel Rizzo -titular del Juzgado de Garantías 8 de Cañuelas- rechazó hoy la detención de los empleados de la firma Mayol y sindicalistas del gremio ATILRA que del 1 al 5 de marzo realizaron un bloqueo frente a la empresa láctea de Gobernador Udaondo.
El magistrado consideró que no existen peligros procesales, sea de fuga o de entorpecimiento probatorio, que justifiquen la medida de coerción solicitada por los abogados de Mayol Juan Fontana y Florencia Arietto; y avalada por la fiscal Norma Pippo en el marco de la causa por Robo Agravado, Daño y Amenazas Coactivas (IPP 06-03-792-21).
El pedido de detención fue realizado en dos oportunidades, primero contra los 28 empleados y gremialistas que acamparon frente a la planta; y luego contra cinco de ellos (Guillermo Arregui, Eduardo Ismael Rodríguez, Néstor Fabián Bordón, Juan Pablo Miño y Ramón Miño) con el argumento de que estos últimos “apretaron” a la escribana María Andrea Arín mediante carta documento y se ausentaron de sus domicilios para evitar ser notificados de la suspensión laboral. Esta circunstancia, según los letrados del particular damnificado, configura un peligro de fuga y un intento de entorpecer la causa presionando sobre ciertos actores.
“Ante la formulación de peligros procesales de los cuales ahora tomo razón, tales como amenazas a la notaria interviniente y falta de localización de algunos de los aquí imputados, en pos de resguardar y garantizar los fines del debido proceso estimo procedente la medida solicitada” indicó la fiscal Pippo, apoyando la petición; en tanto que el abogado defensor de Arregui, Gonzalo Díaz Cantón, solicitó el rechazo in límine de la medida.
En su dictamen de este viernes 21 de mayo, Rizzo advirtió que “no se vislumbran riesgos procesales de momento, y debo señalar que no surge constancia en autos de que hayan sido convocados los sindicados en oportunidad alguna a órgano judicial y no hayan comparecido a los llamados de la justicia (vuelvo al caso de Arregui quien se presentó ante el primer llamado)”.
Respecto a la modificación de los domicilios denunciada por el particular damnificado, dijo que “aún no pesa sobre los imputados obligación alguna de no poder modificarlos”. Y sobre el supuesto amedrentamiento a la escribana Arín mediante carta documento indicó: “De haber delito, éste sería de instancia privada y al menos no consta que la misma haya sido promovida”.
Asimismo, hizo notar que la detención resulta improcedente porque “el Ministerio Público pone en cabeza de todos los imputados los hechos en un carácter de coautores, cuando lo cierto es que, al menos de momento, no resulta claro cuál habría sido el grado de participación, es decir qué actividad habría desarrollado cada imputado en los hechos”. Luego subraya que “la sola presencia en el lugar de estos, no basta para justificar” el pedido de detención.
Cerrando su argumentación mencionó que la causa se encuentra en pleno trámite, transitando por “carriles normales” y que “las medidas de coerción, por la gravedad que implican desde que afectan una de las garantías constitucionales más preciadas del individuo como es su libertad personal, debe tener naturaleza excepcional”.
En otro párrafo les hizo una observación a los abogados de Mayol al recordarles que “no se encuentran dentro de las facultades del particular damnificado ni de la víctima, aun considerando la última reforma de nuestro Código de Forma, solicitar una medida de coerción restrictiva como la peticionada”.
“BURRADA JURÍDICA”
Nicolasa Boccarratto y Díaz Cantón, abogados de los imputados, recibieron con satisfacción el dictamen de esta mañana.
Tras indicar que el pedido de detención fue “una burrada jurídica”, opinaron que “lo que está haciendo el Dr. Fontana con sus denuncias es intentar amedrentar a los trabajadores. Vamos a hacer una presentación contra él en el Colegio de Abogados, ya que es el único que está presentado en el expediente, no así contra la Dra. Arietto que no figura en la causa. También vamos a exigir que el Dr. Juan Beluardo aclare las denuncias mediáticas que hizo sobre la supuesta rotura de la rueda de su camioneta, oportunidad en la que denunció a una mafia. Queremos saber en qué comisaría hizo la denuncia de ese supuesto delito”.
“Lo que tiene que hacer la empresa Mayol es reconocer que tenía un empleado en negro y no llevar temas laborales a la justicia penal. Vamos a realizar una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no se puede judicializar de esta manera cuestiones que hacen a la dignidad de los trabajadores”, concluyeron.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
