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Médicos truchos: piden unificar causas e investigar una asociación ilícita

El abogado que representa a los médicos brasileños Joao Peixoto Dos Santos Neto y Sonia Banhuki presentó un escrito ante el procurador de la Provincia, Julio Conte Grand.

 Julio Conte Grand. Foto: Ministerio Público.

El Dr. Héctor Alfredo De Stéfano, abogado de los médicos brasileños Joao Peixoto Dos Santos Neto y Sonia Banhuki Galvao -cuyas identidades fueron usurpadas por Felipe Nori Haggi Lacerda y Thais Soares Costa, respectivamente- solicitó hoy ante el procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand, que se unifiquen tres causas asociadas a los “médicos truchos” en una fiscalía de La Plata a los fines de investigar una posible asociación ilícita en la que incluyó a los falsos galenos, funcionarios municipales y representantes de la Universidad de Morón.

En su extenso escrito De Stéfano de siete fojas reclamó unificar en un solo cuerpo los siguientes expedientes:

• Nro. 2908/5971 seguida contra Felipe Nori Haggi Lacerda por Falsificación de Documento Público, Usurpación de Títulos y Honores y Ejercicio ilegal de la Medicina. Esta causa fue iniciada en la UFIJ 1. Ahora se encuentra en el Tribunal Criminal Nro. 1 de La Plata, donde se hará el juicio oral.

• IPP 06-03-002615/18 contra Thais Soares Costa por Falsificación de Documento Público, Usurpación de Títulos y Honores y Ejercicio ilegal de la Medicina; y contra Renne Antonio Alves Dos Santos por encubrimiento. Se tramita en la UFIJ 2.

• IPP 06-03-2732/18 iniciada por la UFIJ 2 contra la Municipalidad de Cañuelas por Malversación de Caudales Públicos.

El abogado solicitó que se establezca una sola Unidad Fiscal y un solo Juzgado con asiento en la ciudad de La Plata. Recordó que oportunamente lo solicitó ante el ex titular de la UFIJ 1, Roberto Javier Berlingieri, “toda vez que se trataba de los mismos imputados y los mismos delitos”; y su elevación a una Fiscalía de La Plata debido a que se encontrarían involucrados funcionarios municipales, pero el pedido no prosperó.

De Stéfano consideró que transcurridos siete meses desde la primera denuncia formulada por concejales de Cañuelas “no se investigó correctamente a los actores que violentaron la salud pública, el bien jurídico tutelado”.

En esa línea consideró que Felipe Nori y Thais Soares Costa integraron una “asociación ilícita” con varios funcionarios y administrativos de la Municipalidad de Cañuelas y el Hospital Angel Marzetti.

Para reforzar su planteo, De Stéfano señaló que las fiscalías locales nunca solicitaron un entrecruzamiento telefónico ni careos entre los imputados. Tampoco hubo citación de testigos ni pericias técnicas “para probar que autoridades municipales extrajeron fondos públicos para pagar sumas de dinero a ciudadanos extranjeros que actuaban con identidad y títulos falsos”; como tampoco se libró oficio al Banco Provincia para que la entidad explique quién autorizó la apertura de cuentas-sueldo con identidades falsas.

En su escrito ante Conte Grand De Stéfano sostiene que Nori no sólo cometió delitos con ayuda de funcionarios de Cañuelas, sino que extendió sus sospechas a ISPED (la empresa brasileña que envía estudiantes brasileños a la Argentina) y a la Facultad de Medicina de la Universidad de Morón.

Además, destacó que antes de arribar a Cañuelas Nori Haggi Lacerda trabajó con dos identidades falsas en la empresa de emergencias y medicina laboral “Prevenir” de Merlo donde usó los nombres y matrículas de Joao Peixoto Dos Santos Neto y Carlos Larrosa, lo que no escaparía al mismo entramado.

Contrariamente a lo declarado por Nori en el expediente, De Stéfano aseguró que el falso profesional “no actuó como paramédico, sino como médico, firmando certificados y emitiendo recetas de psicofármacos, formando parte de una organización que se repartía suculentas ganancias que cobraba usurpando identidades y títulos a nombre de terceros que desconocían su accionar, violando los sistemas de seguridad ministerial y bancarios”.

“El fiscal Javier Berlingieri junto al juez (Martín Miguel Rizzo) procedieron a cerrar las actuaciones de manera simple en torno a una serie de delitos menores como usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina sin investigar la Asociación Ilícita, que es el encuadre que cabe a Felipe Nori y compañía a raíz de los elementos presentados en la causa y otros que no han sido investigados”.

De Stéfano también cuestionó al intendente Gustavo Arrieta “que sólo impartió sanciones disciplinarias administrativas” y adelantó que una vez que se designe una nueva unidad de investigación se presentará su defendida, Sonia Banhuki Galvao, con importantes elementos de prueba.

PEDIDO AL TRIBUNAL 1

Días antes de su presentación ante la Procuraduría, De Stéfano respondió el requerimiento realizado por el Tribunal Criminal 1, que llevará adelante el juicio oral y público contra Nori.

En ese caso pidió incorporar una serie de capturas de WhatsApp y solicitó que la justicia cite a siete testigos que hasta el momento no fueron convocados, entre ellos varios brasileños del entorno de Nori; como así también Evelin Cantoni (ex contadora del Ente) y Mauricio Eskinazi (presidente del Colegio Médico de Morón).

Solicitó asimismo un plazo de instrucción suplementaria de 90 días para reunir los siguientes elementos probatorios:

• Movimientos bancarios de todo el personal de guardia del Hospital Marzetti, personal Municipal y personal administrativo del Ente, en el Banco Provincia, sucursal Cañuelas, entre los meses de julio y diciembre de 2017(con facultad de ampliar a un período mayor).

• Oficio al Banco Central para que informe las cuentas abiertas a nombre de Joao Peixoto Dos Santos Neto entre los años 2016 y 2018.

• Pericia psiquiátrica a Felipe Nori Haggi Lacerda.