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Intiman al municipio por carta documento para que intervenga en un caso de contaminación ambiental

El reclamo es contra una firma ubicada en Villa Adriana dedicada a la fabricación de alimentos balanceados. Según la OPDS, no está en condiciones de funcionar.

El reclamo es contra una firma ubicada en Villa Adriana dedicada a la fabricación de alimentos balanceados. Según la OPDS, no está en condiciones de funcionar.

Intiman al municipio por carta documento para que intervenga en un caso de contaminación ambiental

 Molino Crochi, en Ruta 205 km. 56,500.

Un vecino del barrio Villa Adriana envió una carta documento a la Municipalidad de Cañuelas exigiendo su inmediata intervención ante las molestias que genera el Molino Crochi, ubicado en la intersección de calle Sarmiento y Ruta 205 km. 56,500, frente al club de campo La Taquara. Es un predio de 12 mil m2 con algunos silos y una planta de alimentos balanceados.

En la CD que ya se encuentra en poder el equipo legal del municipio se indica que la empresa carece de sistemas que eviten la emisión de polvo; y se reproducen extractos de una inspección de la OPDS que estableció la falta de habilitación y estudio de impacto ambiental.

“Siempre tuvimos una buena relación con la empresa, que está en el barrio desde hace muchos años, pero en diciembre hubo episodios de mucho ruido, polvo y olor a podrido por descomposición del cereal. Los ruidos son muy intensos y constantes porque tienen maquinaria obsoleta y ningún tipo de barrera que mitigue las emisiones hacia el exterior”, explicó a InfoCañuelas el firmante de la carta.

A fines de 2020 los vecinos enviaron una carta al juez de Faltas Fabián Silveti, con alrededor de 15 firmas, solicitando su intervención ante “ruidos molestos, continua emanación de olores nauseabundos y polvillos generados por la empresa Silo Crochi al poner en funcionamiento los motores de las secadoras”.

Según los vecinos, cuando se acercaron los agentes de la Subsecretaría de Control Urbano detectaron que el establecimiento no poseía habilitación municipal y asimismo decomisaron animales que pertenecían al cuidador. A partir de esa inspección el silo dejó de funcionar durante algunas semanas, pero en 2021 volvió a la actividad, con los mismos problemas denunciados el año anterior.

Ante la falta de respuestas concretar por parte de la Municipalidad y el Juzgado de Faltas, los vecinos recurrieron al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la autoridad de aplicación de la normativa ambiental en la provincia de Buenos Aires. Un agente de esa repartición inspeccionó las instalaciones el 13 de enero. 

En el informe enviado por la OPDS a los lugeños se indica que Molino Crochi carece de un sistema que evite la emisión de polvo de la secadora y un aislamiento en el sector de descarga de cereal.

“La firma no acreditó la implementación un programa de limpieza periódico (...) observándose que las instalaciones se encontraban sucias y con bastante presencia de polvillo, observándose además en algunos sectores bolsas con restos de cereal en descomposición” agrega el informe.

La empresa tampoco acreditó un Estudio de ruidos que trascienden al vecindario; ni tampoco contaba la DDJJ para la obtención de la Licencia de Emisiones Gaseosas, por lo que se le labró una infracción al decreto reglamentario de efluentes gaseosos.

“Respecto a la documentación habilitatoria, la firma no acreditó haber presentado el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental de esta planta, por lo que se imputó infracción al Art. 12° del Decreto 96/07 reglamentario de la Ley 12.605. No acreditaron manifiestos oficiales que acreditaran la adecuada gestión externa de los residuos especiales observados (bidones que contuvieron productos agroquímicos que según se me manifestó eran traídos de los campos productores que son propiedad de la firma). Debido a esto se imputó infracción al Art. 25° inciso “c” de la Ley 11.720. Por otra parte se le indicó a la empresa que en caso de volver a poner en operatividad la planta de elaboración de alimentos balanceados, deberá solicitar la correspondiente habilitación provincial (Certificado de Aptitud Ambiental) bajo los lineamientos que establece la Ley 11.459 y su Decreto reglamentario 531-19” concluye el informe.

Debido al cúmulo de irregularidades verificado por la OPDS y la inacción de la comuna, esta semana uno de los vecinos más afectados por las emanaciones recurrió a una carta documento, esperando que ahora sí se produzca alguna respuesta oficial.

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