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El bloque de concejales de Unión por la Patria (UP) emitió un comunicado de adhesión al paro general convocado por la CGT para el miércoles 24 de enero y en simultáneo expresó su rechazo al DNU 70/2023 y a la Ley Ómnibus enviada al Congreso por el gobierno Nacional.
"Los legisladores, diputados y senadores son de hecho representantes del pueblo los primeros y de los Gobiernos Provinciales, los segundos. En cambio, el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel pretenden de manera autoritaria refundar un país obviando la búsqueda del diálogo y el consenso e ignorando el resultado de los procesos eleccionarios que determinaron la conformación del Congreso" señalaron en un texto que lleva la firma de los nueve ediles del espacio.
La cúpula sindical está en pie de guerra desde que el DNU 70 de 2023 incluyera cambios a la regulación laboral, entre ellos la limitación a las cuotas solidarias, herramienta de los gremios para recaudar dinero aun entre quienes no están afiliados.
El paro general que involucrará a los trabajadores del transporte público aunque a diferencia de otras medidas de fuerza, ésta no afectará completamente el servicio de colectivos, trenes y subtes en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), que operarán con horario reducido.
El gremio de La Bancaria, conducido por Sergio Palazzo, también acaba de confirmar su adhesión al paro general, por lo que la atención al público quedará reducida durante esta jornada. Lo que se definió hasta el momento es que el miércoles 24 de enero habrá atención al público hasta el mediodía, hora en la que está citada la gente para iniciar el paro y luego movilizarse hacia el Congreso Nacional.
Reproducimos a continuación el comunicado de UP.
Los concejales y concejalas de Unión por la Patria de Cañuelas nos manifestamos en rechazo a la ley ómnibus y el DNU de Milei y adherimos a la jornada nacional de protesta convocada para el próximo 24 de enero por la CGT.
Lo hacemos en defensa del estado social de derecho, y con la firmeza de impedir cualquier tipo de acción que violente los principios de nuestra Democracia y la Constitución Nacional.
Pretendemos vivir en un País Republicano. La Constitución sostiene con claridad que el Pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Los legisladores, Diputados y Senadores, son de hecho representantes del pueblo los primeros y de los Gobiernos Provinciales, los segundos. En cambio, el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel pretenden de manera autoritaria refundar un país obviando la búsqueda del diálogo y el consenso e ignorando el resultado de los procesos eleccionarios que determinaron la conformación del Congreso.
En sólo un mes de mandato, promovieron una brutal devaluación generando un drástico aumento del costo de vida, con subas del 82% en combustibles, y 70% en varios productos de la canasta básica, situación que en breve se agravará cuando impacten los nuevos aumentos que el gobierno autorizó en transportes, las tarifas de luz y gas, telecomunicaciones, prepagas, cuotas escolares, etc.
También dictó un DNU que, en forma ilegal e ilegítima, impone profundas reformas de naturaleza legislativa que atentan contra los trabajadores del sector privado y público, los inquilinos, los usuarios, los consumidores, los trabajadores de la cultura y el deporte, y que además pone en grave riesgo el cuidado del ambiente y la soberanía nacional.
Y pretende que en tiempo récord se apruebe un proyecto de Ley de casi mil artículos, que en su conjunto encubren una reforma constitucional de facto. Las supuestas “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, redactada e impulsada por exfuncionarios de los gobiernos de De La Rúa y Macri -como Sturzenegger, Bullrich y Caputo- con medidas que favorecen al 1 por ciento más rico de la sociedad y destruyen el Estado Social de Derecho.
Gran parte del daño ya fue hecho: la devaluación es una realidad y el DNU se encuentra casi en su totalidad en vigencia y en su conjunto están generando un daño a los sectores más vulnerables de la sociedad y la clase media, mediante una acelerada pérdida del poder adquisitivo del salario.
Los que venían a terminar con la "casta política" se rodearon, para gobernar, de los funcionarios de los gobiernos que resultaron más nefastos para los intereses de los argentinos y argentinas. Y están aplicando políticas similares a las que ya aplicaron en otras oportunidades, especialmente recorte en jubilaciones y salarios, y libertad de acción a los sectores más concentrados de la economía.
Por todo lo expuesto, nos adherimos a los pedidos de derogación del DNU 70/2023 en su conjunto; rechazo de la mega ley en su conjunto; anulación de cualquier medida que atente contra los derechos y libertades democráticas; y compensación de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos sociales mediante los mecanismos adecuados a cada sector (indexaciones, paritarias, políticas sociales).
La Constitución prohíbe la delegación de “facultades extraordinarias, ni la suma del poder público”, y nos oponemos a este atropello contra el Pueblo y la Constitución. Vamos a trabajar para evitarlo y a marchar en la jornada nacional de protesta del este miércoles 24 de enero.
Maximiliano Mazzanti, Malena Reimer, Juan Ángel Cruz, Sandra Cardozo, Alejandro Cid Menna, Flavia Guardia, Margarita Puentes, Diana Barcia, Ayelén Carrizo.
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
