Un dilema

La incursión del cowboy norteamericano en  la capital de Venezuela puede generar alegría como  tristeza. Esta dualidad se da por una colisión brutal entre principios morales y jurídicos, y también por la duda sobre los objetivos finales.

Resulta repudiable un gobierno que use indiscriminadamente la fuerza, asesine, torture, secuestre, encarcele sin proceso, y se alíe con otras potencias que padecen iguales lacras humanas y morales; tal la conducta del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

¿Cómo concretar ese repudio, si el pueblo venezolano está indefenso, sometido por la violencia y el temor, y sus fuerzas armadas corruptas sostienen el régimen a gatillo, ayudadas por hordas parapoliciales que pegan y matan?

En Venezuela ocurren realmente estas canalladas, basta leer el informe de las Naciones Unidas elaborado por la Dra. Bachelet, ex presidenta socialista de Chile. Desde la óptica de occidente, y del derecho natural, la dictadura ejercida por los líderes venezolanos es inaceptable y clama justicia.

Además de criminal, el gobierno venezolano carece de legitimidad por provenir del fraude, que lo convierte en un gobierno de facto encubierto

Sin embargo, visto desde la óptica del Derecho Internacional Público, la intrusión de Trump muestra  cierta  flojedad de papeles. La intervención armada de una potencia extranjera penetrando en territorio ajeno sin declaración de guerra, y arrogándose decisiones trascendentales para ese país es, en principio, un acto ilícito. Violenta el derecho internacional reconocido por las naciones civilizadas y prescinde de la necesaria intervención de los organismos plurinacionales para legalizar tal acción punitiva. 

El ejercicio válido de un derecho requiere la aceptación y cumplimiento de las normas comunes a ambas partes. El principio de autodeterminación de los pueblos niega al estado extranjero la posibilidad de intervenir en cuestiones internas de otro país. 

Pero: ¿se puede hablar de autodeterminación de un pueblo cuando las elecciones que constituyeron a sus presuntas autoridades fueron absolutamente fraudulentas según está demostrado a nivel internacional? 

¿Cuál es la autodeterminación del pueblo venezolano si los gobernantes que realmente han elegido se vieron obligados a huir o a esconderse porque la dictadura los persigue para encarcelarlos o para darles una suerte aún peor; cuando  Venezuela ya tiene ocho millones de ciudadanos dispersos por el mundo en exilio forzoso? 

Coquetea entonces una vieja doctrina conocida y receptada por nuestros patriotas de Mayo, que es la doctrina de resistencia a la opresión. 

Su enunciación comienza con el padre Juan de Mariana (1599) y John Locke (1689) y toma vida activa con la revolución francesa y las revoluciones americanas, contra el inglés en el norte y el español en el sur.  

La resistencia a la opresión es un derecho natural, originario, no delegado, que permite al pueblo enfrentar o alzarse contra los gobiernos que atentan contra sus derechos básicos,  violentándolos en forma permanente e injusta.

En la actualidad es reconocida por las constituciones de Francia, Alemania, y de nuestra República Argentina (Art. 36, reforma de 1994, Constitución Nacional). 

Parecería que esto ajusta en el tema Venezuela; pero no es así en un todo, porque la resistencia no nació ni fue realizada por el pueblo venezolano sino por un tercero. El problema es lo que en derecho se llama legitimación activa: quién ejerce ese derecho. Conforme la doctrina internacional la facultad de ejercerla le está dada al pueblo, el pueblo ejerce la legitimación activa de este derecho subjetivo. 

En lo ocurrido en Venezuela, en cambio, nos encontramos ante un vicariato, aparece un tercero —que no es el pueblo— que se arroga la facultad del pueblo venezolano, se pretende su representante y actúa por sí en reemplazo de aquel pueblo: Donald Trump. 

Estamos ante un conflicto: el sano sentido de justicia frente a  la legitimidad del vicario.

Es cierto que la tiranía venezolana es sanguinaria y corrupta; es cierto que el pueblo venezolano muy mayoritariamente la repudia; es cierto que en Venezuela puede aplicarse la doctrina de la resistencia a la opresión, pues antes las elecciones fraudulentas y la violación de las normas más elementales del derecho de gentes, el gobierno carece de legitimidad;  es cierto que la salida de Maduro ha sido una ráfaga de esperanza para los espíritus libres. Pero también es cierto que la conducta de Trump viola las más elementales normas del derecho internacional y revive la infame conducta que  EE.UU. desarrolló en  Centroamérica  durante el siglo XX con sucesivas intervenciones para defender intereses económicos sectoriales; la recordada “ley del garrote”. Y que ahora, según anuncia su presidente, piensa continuar con Groenlandia y, por qué no, Canadá. Manipula un mapa en el que los territorios de Canadá y Groenlandia están cubiertos por la bandera norteamericana. Los primeros ministros de Canadá y Dinamarca le salieron fuertemente al cruce.

Nada es altruista. Lo que le interesa al pintoresco jefe de la mayor potencia occidental es el petróleo de Venezuela, no la libertad. Y está por verse cuánto cambiará el régimen criminal venezolano en el futuro porque, por ahora, fuegos artificiales. ¿Qué hará Donald Trump: buscará la libertad de un pueblo oprimido o la usará como excusa de intereses propios y mezquinos?  ¿Cómo continuará la intervención? ¿No habrá sido, apenas, un acto de gatopardismo?

Entonces, ¿nos alegramos porque el pueblo venezolano se sacó a un cáncer de encima, aunque no sabemos cómo continuarán las metástasis; o nos entristecemos por la conducta falaz de un déspota con el mayor poder del mundo? La incógnita la develará el tiempo. 

Cuando la duda es más que una duda, cuando se convierte en un dilema, solo le resta al desamparado ser humano regirse por el impulso de su corazón.

Escrito por: Carlos Laborde