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Norma Pippo: “Es complejo desalojar, sobre todo cuando hay chicos”

La fiscal habló de la toma de tierras en La Unión. Dijo que no percibe que se trate de una usurpación violenta y que la zona ocupada es inundable.

 Los terrenos que fueron delimitados por los intrusos.

A una semana de ocupación de tres hectáreas en el barrio La Unión, la situación no ha tenido cambios. La Municipalidad reclamó el desalojo mediante una nota dirigida al Juzgado Federal 2 de Morón, pero al día de hoy todavía no está definida la competencia.

"Los desalojos son temas que tardan en resolverse porque están en colisión la garantía la propiedad y el derecho a la vivienda y a la habitabilidad. Y para un juez ordenar un desalojo es complicado, sobre todo cuando hay chicos. En este caso del barrio La Unión se están cumpliendo todos los pasos lógicos" dijo a InfoCañuelas la fiscal que interviene en el tema, Noma Pippo.

Este lunes, por pedido de la Fiscal, llegó al predio un equipo técnico de la Autoridad del Agua (ADA) para medir la línea de ribera del arroyo La Montañeta. Ese dato servirá para delimitar hasta dónde se extiende el Camino de Sirga, una franja de 35 metros a lo largo de ríos y arroyos dentro de la que no puede construirse viviendas.

A partir del informe del ADA se estará en condiciones de definir el juez de la causa. Si el informe establece que hay viviendas dentro del área de Sirga intervendría el Juzgado Federal Nro. 2 de Morón, ya que La Montañeta pertenece a la cuenca Matanza-Riachuelo y hay expresas directivas de Acumar para erradicar los asentamientos que se ubican sobre las márgenes de los arroyos.

Por el contrario, si las viviendas están fuera del área de Sirga, intervendría el Juzgado Penal Nro. 8 de Cañuelas, a cargo de Martín Miguel Rizzo, siempre que se determine la existencia de algún delito penal.

"Por lo que pude ver se han levantado algunas casillas precarias en terrenos que son inundables. Es evidente que hay un riesgo ambiental grave para la construcción de una vivienda" dijo Pippo a InfoCañuelas.

De acuerdo al relevamiento que recibió de la policía, hay una sola casilla ocupada en forma permanente por una familia con niños. Las demás son chozas sin ocupación permanente cuyos ocupantes suelen aparecer cuando hay movimientos de policías o funcionarios de algún organismo público, lo que lleva a suponer que son vecinos de los alrededores que las levantaron para "marcar presencia" en el lugar.

"Hoy por hoy no veo que haya una usurpación que amerite una causa penal, porque no hay violencia y no hay daño. Tampoco se impide la circulación ni hay agresiones. Si el propietario de las tierras tiene toda su documentación en regla y puede acreditar la propiedad, tiene las herramientas para iniciar una demanda civil. Todo esto es más una cuestión administrativo y ambiental que penal" concluyó Pippo.

Los vecinos, en cambio, afirman que los intrusos golpearon a los pobladores ya establecidos. Si eso se logra certificar ante la Justicia sería un argumento para solicitar la intervención del juez Rizzo y reclamar el desalojo.



Los técnicos de ADA realizando mediciones en el lugar.


PASO A PASO

• El domingo 27 de mayo unas 50 personas pertenecientes a 10 familias ingresaron a un predio de 3 hectáreas ubicado entre la calle Kennedy, el campo de Las Cañas y el arroyo La Montañeta, donde construyeron algunas viviendas con palos, chapas y nylon.

• El lunes 28 de mayo la Municipalidad realizó una presentación ante la Fiscalía 2 de la Dra. Norma Pippo, con copia de la resolución del juez Federal de Quilmes, Luis Armella, que ordena evitar cualquier asentamiento dentro del Camino de Sirga.

• El martes 29 de mayo la comuna notificó al Acumar, que ese mismo día envió al abogado Rubén Pagano y al contador Cristian Pesoa para realizar un acta de constatación. En su informe señalaron que la usurpación se produjo “dentro de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo” pero que para determinar la dimensión exacta del Camino de Sirga la Autoridad del Agua (ADA) deberá determinar primero “cuál es la línea de ribera”.

• El 30 de mayo la Municipalidad realizó una nueva presentación ante la fiscal Pippo solicitando “medidas preventivas” para evitar una propagación de la toma.

• El jueves 31 a través del abogado José Luis Perrotat la Municipalidad presentó el escrito ante el juez Federal Jorge Rodríguez cuestionando la “dilación de los organismos e instituciones públicas que no nos han brindado un procedimiento o actuación contundente que resuelva el tema de una buena vez”. 

• El lunes 4 de junio técnicos de la Autoridad del Agua (ADA) realizaron una medición de la línea de ribera.