28 de marzo. Cañuelas, Argentina.

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San Vicente, una de las empresas de transporte que investiga el juez Bonadío

La firma propietaria de la Línea 51 habría recibido millonarios subsidios irregulares del Ministerio que conducía Julio De Vido.

San Vicente, una de las empresas favorecidas.

San Vicente, una de las empresas favorecidas.

El juez federal Claudio Bonadío procesó al diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por defraudación a la Administración Pública y administración fraudulenta en una causa que investiga millonarios pagos de subsidios al gasoil a empresas de colectivos entre 2003 y 2014.

En el fallo dictado por Bonadío se menciona que una de las empresas que recibió subsidios en exceso fue “San Vicente S.A. de Transportes” por un monto de "cincuenta y nueve millones ochocientos treinta y seis mil novecientos setenta y seis pesos con sesenta y siete centavos ($ 59.836.976,67).

San Vicente SAT es propietaria de las Líneas 51 (que hace el recorrido hasta Cañuelas), 74, 79, 177, 263, 370, 385, 388, 403, 435 y 503, aunque la resolución judicial sólo menciona pagos irregulares de gasoil por el funcionamiento de la Línea 74. 

Por esta causa la semana pasada Bonadío citó a declaración indagatoria a 251 empresarios y directivos de líneas de transporte automotor. Este lunes el magistrado procesó y embargó a De Vido junto a otros ex funcionarios públicos que debían controlar los multimillonarios pagos de subsidios hechos a las empresas por el gasoil, calculados en base a informes sobre kilometraje de las unidades que para la Justicia era adulterado, una operación que rigió desde julio de 2003 a marzo de 2014. Además dictó un embargo por 1.000 millones de pesos sobre los bienes de De Vido. 

Los otros procesados con embargos de hasta 900 mil pesos son los ex secretarios de Transporte Alejandro Ramos, Ricardo Jaime -actualmente detenido- y Juan Pablo Schiavi, además de Pedro Ochoa Romero, Antonio Sícaro y Roque Lapadula, ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor.

Cabe destacar que del perjuicio total al erario público, estimado en 403 millones de pesos, uno de los subsidios más altos (59 millones) fue asignado a la empresa San Vicente, sólo superado por los 129 millones otorgados al grupo "Automotor Plaza S.A.C.I.” de la familia Cirigliano.

Descargar dictamen (pdf).

 

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Escrito por: Redacción InfoCañuelas